Las restricciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua evidencian la creciente presión internacional sobre el mandatario nicaragüense, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles una batería de restricciones y sanciones contra la administración del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, a quien acusa de manipular el sector del oro y lucrarse a través del fenómeno migratorio.
Dichas restricciones afectarán a policías, personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios públicos de educación superior, así como a actores no gubernamentales seleccionados por su apoyo al régimen de Ortega-Murillo en sus acciones contra los derechos humanos, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y la explotación de migrantes vulnerables, según palabras de Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
En noviembre de 2021, el presidente Joe Biden emitió una Proclamación Presidencial que restringía la entrada a los Estados Unidos de personas responsables de amenazar la democracia en Nicaragua.
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Desde entonces, Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visa a más de 1,400 funcionarios nicaragüenses, especialmente dirigidas a cómplices de violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas.
El comunicado del Departamento de Estado señala que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y quienes están bajo su mando continúan deteniendo injustamente a quienes abogan por una sociedad civil libre, la libertad religiosa y la libertad de expresión. Miller aseguró además que Nicaragua enriquece su régimen a través de “la explotación de migrantes vulnerables”.
Estas medidas buscan que la comunidad internacional garantice la rendición de cuentas para aquellos que socavan la democracia en Nicaragua, enfatizando el compromiso de Estados Unidos con “los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense”.
Nicaragua es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos debido a la represión de las protestas ocurridas en 2018 contra Ortega, quien ha ostentado el poder desde 2007 y fue reelegido en elecciones cuya legitimidad es cuestionada por la comunidad internacional.
El gobierno estadounidense considera fraudulenta la reelección de Ortega en 2021 y le reprocha una serie de detenciones contra opositores, muchos de los cuales permanecen encarcelados o debieron exiliarse, siendo privados de su nacionalidad.
Según Washington, Nicaragua es uno de los principales socios de Rusia en Centroamérica, como lo demuestran una serie de visitas de alto nivel a Managua.
Las restricciones mencionadas en el comunicado se complementan con las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a tres entidades con sede en Nicaragua, incluido un centro de entrenamiento en Managua para brindar cursos especializados a la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y a las fuerzas del orden de otros países latinoamericanos, insiste el gobierno estadounidense.
Este centro, argumenta Washington, “ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua”, ya que la PNN “es un aparato estatal represivo que lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, utiliza munición real contra protestas pacíficas e incluso participa en escuadrones de la muerte”.
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Además, Estados Unidos sanciona a la Compañía Minera Internacional (COMINTSA) y a Capital Mining Investment Nicaragua (Capital Mining), dos empresas auríferas afiliadas al gobierno que generan ingresos para el régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, añade en el comunicado.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de las empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
