Una trabajadora de un establecimiento hostelero de Granada ha presentado demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que sostiene que España ha “incumplido su deber de protección del derecho a la integridad psicológica” porque la Fiscalía no formuló acusación en su caso después de que denunciara a su encargado por acoso sexual y laboral, de lo que salió absuelto.
En la demanda se alude también a “la interpretación excesivamente rigurosa del tipo penal de acoso laboral” que existe en España y que hace que en la práctica “no exista una protección efectiva, siendo muy difícil de aplicar y quedando las conductas de acoso impunes”.
Antes de dar este paso la trabajadora ya había acudido al Tribunal Constitucional, que ha inadmitido a trámite el recurso de amparo por no apreciar “especial trascendencia constitucional”, según ha detallado su abogada, María Gallego Cano.
La trabajadora denunció a su encargado por presuntamente “haber sido sometida durante más de un año a reiterados actos vejatorios, en muchas ocasiones de contenido sexual, llegando a sufrir --según su testimonio-- abusos sexuales”, tras lo que estuvo de baja médica y tratamiento psicológico.
El encargado fue absuelto por el Juzgado de lo Penal 4 de Granada por no haber sido “desvirtuada la presunción de inocencia”. La abogada de esta empleada de la hostelería censura que se produjera la absolución “pese a existir una testigo que afirmó haber presenciado cómo el encargado le decía a la denunciante frases como eres una inútil, no sirves para nada” o “cada vez tienes el culo más gordo”.
Ahora es la trabajadora y el secretario general del sindicato al que pertenece, CNT-AIT, quienes se enfrentan a una petición de dos años de prisión y 30.000 euros por un delito de calumnias, por la imputación efectuada y las acciones sindicales desarrolladas, hechos que serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal 2 de Granada el próximo 17 de junio.
La letrada de la trabajadora sostiene que “en España el gran número de casos de acoso sexual contrasta con el reducido número de condenas”, lo que evidencia a su juicio “la falta de efectividad de los mecanismos de protección” e insiste en que “el enjuiciamiento de la trabajadora por calumnias puede tener un importante efecto disuasorio en aquellas personas que sufren acoso”.
Por su parte, el sindicato CNT-AIT manifiesta que en los últimos años está habiendo “un preocupante aumento de la criminalización de la actividad sindical” y llaman a la participación en la manifestación en protesta convocada junto al sindicato SAT el próximo 2 de junio.
