En una decisión que supone una nueva vuelta de tuerca en el interminable periplo de la ley del gobierno británico que permite el envío de inmigrantes ilegales a Ruanda , el Tribunal Superior de Belfast ha emitido un contundente fallo este lunes que revoca partes clave de la controvertida ley recién aprobada y que ordena que no sea aplicada en la nación más pequeña constitutiva del Reino Unido. El veredicto, que marca una victoria para los activistas, será apelado por el ejecutivo de Rishi Sunak , según confirmó el propio primer ministro. El juez Michael Humphreys, encargado de dictaminar en este polémico caso, concluyó que ciertos aspectos de la Ley de Inmigración Ilegal infringen los derechos humanos así como los acuerdos establecidos en el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a 30 años de guerra en Irlanda del Norte . Específicamente, la disposición que habilita el envío de solicitantes de asilo a Ruanda se considera incompatible con los compromisos internacionales del Reino Unido, como la Convención Europea de Derechos Humanos. Tras el Brexit, el Reino Unido y la Unión Europea acordaron el Marco de Windsor, que estipula que no puede haber una disminución de las disposiciones de derechos contenidas en el Acuerdo de paz de 1998, incluso si difieren del resto del Reino Unido. El juez considera que varios elementos de la ley provocarían una «reducción significativa» de los derechos de los solicitantes de asilo en Irlanda del Norte bajo los términos del acuerdo. El Gobierno expresó tras conocerse la noticia su determinación de apelar la decisión judicial, argumentando que no alterará su agenda de enviar al país africano a los inmigrantes que lleguen a territorio británico a través del Canal de la Mancha. «He sido consistentemente claro en que los compromisos del Acuerdo de Belfast deberían interpretarse como siempre se pretendió, y que no se deben expandir para cubrir problemas como la migración ilegal», dijo el premier, que advirtió que «tomaremos todas las medidas para defender esa posición, incluso a través de la apelación». «Continuamos trabajando para que los vuelos regulares salgan hacia Ruanda en las próximas semanas y nada nos distraerá de eso ni de cumplir con el cronograma que establecí. Debemos comenzar los vuelos para detener los botes», declaró en un discurso y declaró que si tiene que «elegir entre el CEDH y la seguridad de este país, elegiré la seguridad de nuestro país siempre». El caso fue llevado ante el Tribunal Superior de Belfast por la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y un solicitante de asilo iraní de 16 años, que llegó al Reino Unido como menor no acompañado en una embarcación el pasado verano y que, según su defensa, se enfrenta a la amenaza inminente de persecución si regresa a su país de origen. El fallo «es un gran obstáculo para el gobierno y ha puesto un freno a sus planes» ahora «que que se ha encontrado que es incompatible con el Marco de Windsor», se felicitó la abogada del menor, Sinead Marmion. El fallo ha desatado una nueva ola de debates y tensiones políticas. Gavin Robinson, líder del DUP, instó al gobierno a evitar una fractura en la política de inmigración entre las naciones del Reino Unido, y señaló que si tienen políticas diferentes, Irlanda del Norte se convertirá en un «imán para los solicitantes de asilo que buscan escapar de la aplicación de la ley». «Como unionistas, tenemos claro que nuestro parlamento nacional debería tener la capacidad de tomar decisiones sobre inmigración que sean aplicables a nivel nacional», dijo, y «si eso no fuera así, no sólo sería una afrenta constitucional sino que hará que Irlanda del Norte sea un imán para los solicitantes de asilo que buscan escapar de la aplicación de la ley».
