El BBVA lanzó ayer una oferta pública de adquisición sobre el Banco Sabadell exactamente en los mismos términos en los que le propuso el acuerdo de fusión que fue rechazado por el consejo del banco catalán el lunes 6 de abril. Se trata de una oferta hostil porque desafía la decisión del consejo de administración que preside Josep Oliu y apela directamente a los accionistas. Inicialmente, esta decisión del BBVA, que es una reiteración de otro intento fallido realizado en 2020, cuando la valoración bursátil del Sabadell era una cuarta parte de la que tiene hoy, no ha contado con la simpatía del mercado. De hecho, la acción de la entidad bilbaína ha salido penalizada, aunque su presidente, Carlos Torres, se limitó a decir que las caídas eran meros ajustes. La operación despierta dudas respecto a los intereses de los consumidores, porque el sector financiero español ha sufrido una consolidación notable en la última década, pasando de más de medio centenar de entidades financieras a sólo un puñado de ellas. Con esta fusión, tres bancos concentrarían el 80 por ciento de los activos del país y más del 70 por ciento del crédito y de los depósitos. Justo cuando se anunciaba la opa, el Defensor del Pueblo hacía público un informe donde propone al Gobierno que se declare de interés económico general la existencia de cajeros y oficinas en lugares poco poblados. Caben más precauciones contra una concentración excesiva, como la mayor acumulación de riesgos en pocas entidades que recientemente citó el gobernador del Banco de España, la menor competencia en el sector financiero y la destrucción de empleo. La conclusión es que cabe la sospecha de que una operación buena y razonable para el sector bancario pueda ser mala para los ciudadanos. Claro que estos mismos argumentos deberían haber valido para la fusión de Bankia con Caixabank. La opa se extenderá durante seis a ocho meses, lapso de tiempo en el que si el 50,01 por ciento de los accionista del Sabadell aprueban la absorción de su entidad por el BBVA, también deberán pronunciarse los distintos reguladores -desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al Banco Central Europeo (BCE), pasando por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)- que deberán dictaminar sobre su impacto en el mercado, la competencia y la estabilidad financiera. Estando tan tasados los procedimientos y plazos, sorprendió la prisa del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por anunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza la opa hostil «tanto en la forma como en el fondo» y recordó que el Ejecutivo «tiene la última palabra» a la hora de autorizarla en su fase final. La declaración, desafortunada y prematura, resulta, sin embargo, coherente con la tradición intervencionista del Ejecutivo y mereció la réplica del presidente de la patronal, que pidió respeto «para las decisiones privadas». También el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se apresuró a pedir «prudencia» ante la necesidad de que se cubran todas las formalidades en tiempo y forma. La única explicación para la precipitación del ministro de Economía es la campaña electoral en Cataluña, región en la que el Sabadell tiene su sede operativa y una fuerte implantación. El primero en politizar la operación fue Carles Puigdemont, que dijo que existe «una estrategia para liquidar la banca catalana», aunque el Sabadell se llevó su sede social a Alicante en 2017. El BBVA ha conseguido poner de acuerdo desde Sumar a Vox contra su opa. Pero es probable que el lunes, conocido el veredicto de las urnas, las cosas se vean de otra manera.
