Ahora, las obras deberán ser demolidas y el terreno restablecido a su estado original
El SEPRONA en Gran Canaria ha investigado a 136 personas relacionadas con un incremento de construcciones en zonas donde está prohibido este tipo actuaciones, obras que deberán ser demolidas y llevar a cabo la reposición a su estado original del espacio natural protegido.
Las investigaciones se iniciaron, tras detectarse por los agentes la proliferación de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos, donde están prohibidos ese tipo de usos, hechos que conllevan la degradación de zonas ambientales sensibles, poniendo en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades
locales legalmente asentadas.
Una vez iniciada la operación, se detectó un nuevo modus operandi en la comisión del tipo delictivo por parte de los principales promotores, los cuales procedían a la adquisición de fincas rusticas en las cuales el uso está muy restringido debido a su protección medioambiental, a un precio relativamente económico; procedían posteriormente a su segregación y parcelación perfectamente delimitadas, y eran vendidas a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción.
Estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, tales como la construcción de manera conjunta de los cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las sub parcelas e incluso gestionando la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano; utilizaban a un instalador autorizado y falseaban
los boletines de instalación para obtener el suministro.
Posteriormente, los nuevos propietarios sin contar con ningún tipo de licencia, procedían dentro de las sub parcelas que se adjudicaban, a la construcción de diferentes edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.
Como consecuencia, se crearon núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios, con una problemática en la gestión de los residuos y accesos. No contribuían al el pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de estos servicios, lo que causaba un perjuicio en contra de los propietarios de las viviendas legalmente establecidas que veían mermados sus servicios y calidad de vida.
