Los vecinos del Cabanyal , uno de los barrios marineros de Valencia , han intensificado la lucha contra el negocio ilegal que les expulsa de sus residencias por el encarecimiento de los alquileres, la falta de oferta y los problemas de convivencia. En los últimos días, las entradas de algunas casas y fincas han amanecido con la misma pintada en el suelo: 'Alerta, vivienda turística' . El barrio que antaño tuvo que rebelarse para mantenerse en pie, lo hace ahora para evitar que la expansión sin control de un «negocio de pocos» se convierta en la «miseria de muchos», como reza el lema que han hecho suyo. Un proceso de gentrificación que se repite en otras zonas de la capital del Turia, como Ciutat Vella o Russafa. Esta misma semana, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia ha insistido en la necesidad de establecer una moratoria -como ha ocurrido en Madrid- para detener la «avalancha» de apartamentos turísticos que «inunda» la ciudad, una situación que califican como «totalmente insostenible». A 1 de mayo, Valencia acumula alrededor de 5.800 viviendas turísticas dadas de alta en el registro de la Generalitat, un procedimiento para el que solo se tiene que realizar una declaración responsable. Cerca de 900 se sitúan en el Cabanyal. De ahí que las entidades ciudadanas pidan constantemente más inspecciones y la obligatoriedad de contar con una licencia municipal para poder tener actividad, como ocurre en otros sectores económicos. Licencias como tal solo se contabilizaron 1.115 en toda la ciudad al cierre de 2023, de acuerdo con las estadísticas del Ayuntamiento. Sin embargo, según los datos de la fundación Visit Valencia, en marzo de este año -en temporada baja- se anunciaban hasta 9.900 pisos turísticos en plataformas como Airbnb o Booking. 1.470 de ellos se concentraban en el Cabanyal, un 30% más respecto al año anterior. Imagen de una de las pintadas que han aparecido en viviendas turísticas ilegales del barrio del Cabanyal, en Valencia ABC El nuevo plan urbanístico del barrio, aprobado en 2023, establece un tope del 10% de viviendas turísticas por manzana. Un punto que se dirime en los tribunales tras ser recurrido por una de las asociaciones del sector. Los colectivos Cuidem Cabanyal-Canyamelar y Sindicat de Barri han convocado una asamblea el próximo 4 de mayo para movilizar a los vecinos. En esa línea, desde Cuidem han puesto en marcha un punto de información en su página web para canalizar las quejas de los afectados y ayudarles a tramitar sus denuncias ante las autoridades. De hecho, con la colaboración de la plataforma LaMataObras, hacen un llamamiento a las comunidades de propietarios para que cambien sus estatutos y pongan coto a estas prácticas, que no solo afectan a los pisos, sino también a los bajos comerciales . Precisamente, advierten que muchas de las reformas que se acometen en estos espacios para convertirlos en apartamentos también son ilegales. A la espera de una regulación «con seguridad jurídica» Desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar han solicitado una reunión con el grupo municipal del PP, que gobierna con Vox en el Ayuntamiento, en un escrito en el que trasladan a los populares la problemática que viven y la necesidad de tomar cartas en el asunto. En el mismo, inciden en la urgencia de regular y restringir esta actividad sin que se considere una ofensiva contra el turismo , que puede seguir siendo un motor económico en los espacios reservados tradicionalmente para ello. «Estamos intentando establecer unas reglas del juego claras con seguridad jurídica», defendió este martes Juan Giner, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, sobre los trabajos que se están acometiendo, en esa línea, en los planeamientos urbanísticos. Giner anunció en el pleno municipal de abril que el consistorio ha empezado a comunicar las primeras órdenes de «cierre inmediato» y cese de actividad de los apartamentos turísticos que fueron sancionados -156- por la Policía Local, en el primer trimestre de 2024, dentro del plan de inspecciones que el equipo de gobierno se ha comprometido a seguir. En todo el año pasado se contabilizaron 84 denuncias, frente a las 73 de 2022.
