A lo largo de la semana, después de que el presidente del Gobierno publicase su carta a la ciudadanía en la que explicaba que iba a tomarse un periodo de reflexión, diversos presidentes latinoamericanos han mostrado su apoyo tanto de forma pública como en privado a Pedro Sánchez. Confían en que su solidaridad decante la balanza en favor de la continuidad del presidente al frente del Ejecutivo y en evitar la grave crisis institucional que consideran que quiere provocar la derecha.
Seguramente el apoyo internacional de mayor importancia en estos días para el presidente español ha sido el del líder brasileño, Lula da Silva. Como él mismo detalló en una publicación en Twitter, llamó a Sánchez el pasado jueves por la mañana para mostrarle su solidaridad y la importancia de su liderazgo y su papel no solo para España y Europa sino para el resto del mundo.
El apoyo latinoamericano a Pedro Sánchez no se ha quedado ahí. Otros presidentes de izquierdas como el colombiano Gustavo Petro o el boliviano Luis Arce han salido también en defensa de su homólogo español y de su familia ante lo que han definido como “máquina del fango” o el uso de noticias falsas o mentiras para desacreditar y destruir personas y gobiernos.
Esta “máquina del fango”, término del escritor italiano Umberto Eco que el propio Sánchez utilizó en su carta y reproducido por el presidente colombiano, también ha estado activa en Latinoamérica en las últimas dos décadas y preocupa especialmente a los líderes latinoamericanos. El mismo Lula da Silva desveló el martes que tiene la intención de organizar una reunión de líderes progresistas mundiales, entre los que quiere incluir tanto a Pedro Sánchez como al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU para discutir cómo enfrentar el crecimiento de la extrema derecha.
Lo expresaba así también uno de los principales socios internacionales del presidente Sánchez en los últimos años, el expresidente argentino Alberto Fernández, que quiso acercarse este sábado a la concentración de la calle Ferraz en apoyo al líder socialista. Tras ello, publicó un tuit en el que, tras afirmar que en España “la derecha se ha confabulado con los medios y la justicia tratando de horadar la honorabilidad de un presidente progresista y democrático”, se preguntaba: “Cualquier parecido con Argentina, con Brasil, con Ecuador o con Chile… ¿Es pura coincidencia?”
El apoyo latinoamericano a Sánchez quedó cristalizado el mismo miércoles en la declaración que hizo el Grupo de Puebla menos de tres horas después de que el presidente hiciera pública su carta. Este grupo, fundado por numerosos expresidentes y políticos iberoamericanos y entre los que hay tres españoles: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la diputada socialista Adriana Lastra o la exministra Irene Montero, da por sentado que existe una estrategia de “acoso mediático y judicial” de la derecha para atacar a sus adversarios y desestabilizar gobiernos progresistas.
El Grupo de Puebla, que condenó “enérgicamente” estas prácticas que, defienden, “socavan la democracia y el Estado de Derecho”, exigió en su comunicado que se respeten los principios democráticos en España, hizo hincapié en la importancia de que se respete el debido proceso judicial y avisó que estará atento para que se garantice un proceso justo y transparente en este caso.
Además, el grupo mostró su respeto a la decisión del presidente del Gobierno de reflexionar sobre su continuidad, pero manifestó que su renuncia no sería “la salida a la grave crisis institucional que pretenden crear sus enemigos” y advirtió que incluso podría profundizarla.
Según fuentes conocedoras de las conversaciones en el seno del Grupo de Puebla, el presidente del Gobierno español ha recibido el apoyo del presidente de Brasil como un importante aval a su figura política y a las políticas progresistas del Ejecutivo, pero también desde la empatía de un líder político que ha sufrido en sus carnes los ataques mediáticos y judiciales de la derecha.
El de Lula es un caso paradigmático de lo que hoy en día conocemos como 'lawfare', ya que pasó casi dos años (580 días) en prisión bajo acusaciones de desvío de dinero público que le supusieron su inhabilitación o le impidieron enfrentarse al ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2020.
Lula da Silva tuvo que esperar hasta 2021, cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas y dictaminó que no se había juzgado al expresidente con imparcialidad, para librarse de todas las acusaciones.
Sin embargo, según una encuesta publicada por el instituto Quaest en Brasil en marzo, diez años después del inicio de la operación judicial contra Lula, el país sigue dividido: mientras el 43% considera que el presidente brasileño es inocente, otro 43% cree que es culpable y debería estar en prisión; una percepción esta última que ha caído un 5% en los dos últimos años.
