Iniciativa pretende que nombramientos del MEP sean más expeditos, pero tiene el problema de que se evadiría la prueba de idoneidad fijada por ley.
Los docentes que lleven dos años o más trabajando como interinos podrían obtener una plaza en propiedad en el MEP, de aprobarse una iniciativa de ley dictaminada positivamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa el pasado martes.
Se trata del proyecto de Ley para mejorar la efectividad del proceso de nombramientos en el Ministerio de Educación Pública (MEP), que se tramita bajo el expediente 23.592, explicó el diputado socialcristiano Alejandro Pacheco, proponente del plan.
Según el legislador, los nombramientos serían más expeditos. “Si está en plaza vacante, tiene requisitos y ha tenido dos años en esa plaza, el MEP podría dejarlos en propiedad sin hacer concurso”, expresó Pacheco.
El plan señala que, en cada caso, el MEP realizará el estudio en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil en un plazo no mayor a seis meses. La condición es que, además de cumplir los requisitos y el perfil del puesto, los funcionarios hayan sido seleccionados en el registro de elegibles cuando se les nombró interinamente, por sustitución o suplencia.
Esta regla aplicaría para docentes, docentes administrativos y técnicos docentes.
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Para el 2023, la mitad de los funcionarios del MEP eran interinos: 44.469 de los 86.000 trabajadores.
El diputado Pacheco reconoció que, mediante ese mecanismo, los interesados no tendrían que realizar la prueba de idoneidad establecida con la reforma al artículo 55 de la Ley del Estatuto de Servicio Civil, aprobada en 2020.
Según esa norma, para obtener una plaza en propiedad en el MEP, los docentes deberán ser evaluados para determinar si poseen conocimientos y habilidades para un buen desempeño en las aulas.
No obstante, para Pacheco, si el educador interino se mantiene en su trabajo es porque es idóneo.
“Si una persona está en plaza vacante, lo nombraron con requisitos y tiene dos años de trabajar sin tener ningún cuestionamiento, claramente sería idóneo para la plaza. En dos años, no hubiera podido llevar la plaza, ni estar dos años en esa plaza. Si no fuera idóneo, lo despiden”, afirmó.
En relación con la idoneidad de los docentes que consigan la plaza mediante ese mecanismo, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) alertó de la posibilidad de que “la introducción de un artículo 104 bis (en la Ley del Estatuto de Servicio Civil), para facilitar las designaciones en propiedad de personas nombradas interinamente por al menos dos años, podría ser inconstitucional”.
La APSE alega que no se cumpliría la garantía de idoneidad comprobada establecida en el artículo 192 constitucional.
No obstante, la Asociación tiene el mismo criterio que el diputado, en el sentido de que la aptitud estaría acreditada por haber desempeñado el puesto en forma exitosa y porque habían sido seleccionadas del registro de elegibles de Servicio Civil.
El socialcristiano sostiene que la propuesta pretende responder a las principales dificultades que los docentes encuentran en el proceso de nombramientos.
Además del tema de las plazas en propiedad, este proyecto tiene dos objetivos más. Uno de ellos limitaría a los profesionales en Educación a participar solamente en posiciones superiores a las que tienen.
“El departamento de Recursos Humanos se satura porque todos los profesores participan en todas las plazas. Si vivo en Turrialba y estoy designado en una plaza en Golfito, para devolverme donde está mi núcleo, participo en plazas menores e iguales para trasladarme a Turrialba”, ejemplificó Pacheco.
Esta iniciativa, dice, permitiría realizar concursos más seguidos.
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El otro propósito de la iniciativa está relacionado con la creación de una plataforma de movimientos en la que los funcionarios interesados pueden inscribirse y que se realicen cambios. Pacheco dice que, si hay un docente de Turrialba que está nombrado en Pérez Zeledón y, por otro lado, un profesor de Pérez Zeledón nombrado en Turrialba, ambos podrían ingresar sus datos y realizar los cambios respectivos.
En la consulta, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) se manifestó a favor del espíritu de la iniciativa, pues abona en la solución del problema de los interinazgos y del desplazamiento territorial. Sin embargo, le preocupa que veda a los funcionarios en propiedad de la opción de procurar traslados mediante concurso.
Este proyecto pasará a la agenda del plenario legislativo.
