En una rueda de prensa matutina el sábado, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, reveló que se han recolectado más de 430,000 firmas para impulsar un plebiscito que cuestione la reciente ley de seguridad social. Este número supera el mínimo requerido de 270,000 firmas, equivalente al 10% del padrón electoral.
Después de la conferencia celebrada en la sede del sindicato en la calle Jackson, los activistas llevaron a cabo una procesión para que otros se acercaran con las cajas de firmas al camión destinado a llevarlas al Palacio Legislativo. Tanto el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, como el senador Óscar Andrade participaron en la carga de las firmas al vehículo.
Más tarde, alrededor de las 13 horas, las firmas arribaron al Palacio Legislativo y fueron recibidas por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Es importante mencionar que estas firmas deben pasar por un proceso de validación realizado por funcionarios de la Corte Electoral.
Aunque Abdala informó que se han obtenido «430,023 firmas», señaló que se esperan más firmas que llegarán durante la tarde desde diversas regiones del país a través de servicios de encomienda. Por esta razón, se acordó con el Parlamento realizar una nueva entrega de firmas alrededor de las 20:30 horas del mismo sábado, lo cual se hizo efectivamente.
El XIV Congreso del PIT-CNT, en noviembre de 2021, reafirmó su compromiso en a defensa de la seguridad social solidaria y rechazó cualquier intento de imponer esquemas de capitalización individual privado y lucrativo.
En mayo de 2023, el PIT-CNT reiteró su oposición a la reforma regresiva del sistema de jubilaciones y pensiones, expresando su disposición a luchar por una reforma más humana y sustentable, incluso mediante la democracia directa.
Debido a limitaciones constitucionales, como la imposibilidad de realizar referéndums contra leyes con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, se convocó a un plebiscito para eliminar el lucro y las pérdidas de derechos en la seguridad social. Esto recuerda la reforma de 1989, que vinculó las pasividades a la evolución salarial, eliminando su uso para ajustes fiscales.
La eliminación de las AFAP requiere una enmienda constitucional, ya que las principales fuerzas políticas no muestran voluntad de hacerlo. La coalición de gobierno generalizó las AFAP en 2023, obligando a todos los trabajadores a afiliarse. A pesar de ajustes menores en el pasado, ninguna administración tomó medidas significativas al respecto.
El gobierno defiende la reforma argumentando una mayor longevidad y evita aumentar gravámenes al capital. Sin embargo, los trabajadores mantienen su tasa de aporte mientras que las patronales se reducen. Las exoneraciones y subsidios al capital persisten, evidenciando una protección desigual en el sistema fiscal.
El plebiscito busca establecer límites constitucionales para proteger el derecho a una seguridad social universal, solidaria, e integral. La democracia directa permite a organizaciones sociales impulsar reformas constitucionales cuando el sistema político no responde adecuadamente.
La reforma propuesta en el plebiscito busca eliminar el lucro privado en la seguridad social y revertir la reforma regresiva de 2023. Esto implica reducir responsabilidades estatales y ampliar la capitalización individual, generando altos costos de transición y pérdidas para trabajadores y pasivos.
Estudios internacionales han mostrado el fracaso de sistemas privatizados de pensiones, que ofrecen bajos beneficios y altos costos para los trabajadores. La aprobación del plebiscito no revertirá completamente la reforma de 2023, por lo que se necesitarán cambios integrales en la seguridad social para garantizar derechos fundamentales y una justicia social efectiva.
El PIT-CNT y otras organizaciones sindicales han criticado la falta de debate público y transparencia en la implementación de reformas que afectan directamente a la calidad de vida de los trabajadores y jubilados. Advierten sobre el riesgo de profundizar las desigualdades sociales y económicas si no se corrigen las deficiencias en el sistema de seguridad social y se prioriza el interés público sobre los beneficios privados.
