Es muy inquietante que el juez Joaquín Aguirre, que lleva causas tan señaladas como el caso Voloh, que investiga la injerencia rusa en el 'procés' independentista catalán, o el caso Negreira, sobre la corrupción arbitral y el Fútbol Club Barcelona, reciba una amenaza bajo la forma de una falsa bomba en su tribunal. El artefacto, preparado a conciencia para que pareciera real, pasó por un escáner sin levantar sospechas y llegó hasta el despacho de los colaboradores del juez. El asunto es inquietante porque los deseos de Vladímir Putin se han materializado en asesinatos en territorio español, como el del desertor Maxim Kuzminov, capitán del Ejército ruso, tiroteado en Alicante. Este caso bien podría ser una gamberrada, como hemos visto en algunas campañas electorales recientes, pero hay tantos precedentes de que en Cataluña los servidores públicos que han defendido la vigencia del Estado de derecho han sido objeto de coacciones y afrentas que el caso merece ser investigado exhaustivamente.
