Entra en las catalanas y vascas con el anuncio de medio centenar de nuevas normas pese a haber renunciado a elaborar los Presupuestos
Sin capacidad para aprobar decretos ni leyes. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha dejado al Ejecutivo sin la aprobación de ninguna ley ni decreto en lo que va de 2024, lo que le encamina a un récord negativo: el de 2004, cuando la primera iniciativa con rango de ley no se aprobó hasta el 7 de mayo, aunque el contexto era bastante diferente porque había habido elecciones el 14 de marzo. En cambio, ahora, España hace ya más de ocho meses que celebró elecciones (23 de julio) y hace ya más de cuatro meses que se formó el nuevo Gobierno y, desde entonces, tan solo se han aprobado dos decretos, aunque corresponden al mes diciembre de 2023. Este año sigue en blanco y, pese a ello, el Gobierno ignora el bloqueo legislativo y se ha comprometido a llevar al Congreso 49 leyes en plena precampaña electoral de las vascas, las catalanas y las europeas, una forma de tratar de exhibir fuerza en un momento de máxima debilidad tras renunciar a los Presupuestos.
Este año el Gobierno no ha logrado aún aprobar ni leyes ni decretos y tampoco lo va a tener fácil. Los independentistas (esencialmente, Junts) ya han advertido de que van a poner freno al gobierno a golpe de decretos que reinó durante la pasada legislatura y eso limita todavía más el Ejecutivo. Pedro Sánchez optó durante los últimos cuatro años por los decretos como atajo para aprobar iniciativas legislativas. Los decretos están planteados para medidas de urgente necesidad, pero el Gobierno los ha utilizado como vía para ahorrarse toda la tramitación que requiere una ley ordinaria u orgánica y así evitar el mal trago que supone negociar con tantos partidos.
De hecho, lo que está ocurriendo ahora se equipara prácticamente a años tan inestables políticamente como los de 2016 o el 2019, donde el Gobierno tuvo que estar en funciones durante meses y hubo repetición electoral. En este sentido, en 2016, Mariano Rajoy estuvo en funciones hasta noviembre (durante más de diez meses) y la primera iniciativa de rango de ley que se aprobó fue un decreto el 15 de abril para prorrogar el programa de activación del empleo, que se convalidó trece días más tarde (28 de abril). En 2019, las cosas fueron algo mejor porque Pedro Sánchez estuvo menos tiempo en funciones (entre abril y enero) y logró aprobar leyes durante el mes de febrero: no obstante, el actual presidente del Gobierno tenía muchos menos diputados en el grupo del PSOE, pero el Junts de Carles Puigdemont no había entrado en la ecuación de gobernabilidad.
Ahora sí está todo en manos de Puigdemont y eso se hace notar porque Junts está condicionando y apretando y mucho al Gobierno. De entrada, cabe recordar que Sánchez ha perdido dos votaciones ya por los posconvergentes: por un lado, uno de los decretos de 2023 quedó tumbado por la abstención del grupo comandado por Míriam Nogueras (colaboró Podemos con su voto en contra); y, por otro lado, este 2024, el 30 de enero, tumbó la ley de amnistía, que tuvo que ser luego rescatada en la Comisión de Justicia. Los posconvergentes se abstuvieron en todos los decretos y advirtieron que rechazaban esa forma de legislar, un aviso del que el Gobierno ha tomado nota y se ha comprometido a reducir la cantidad de iniciativas legislativas de ese tipo a partir de ahora.
Pese a este escenario tan adverso de bloqueo legislativo, el Gobierno promete llevar este mismo año 49 leyes al Congreso de los Diputados, una cifra muy voluminosa, en plena precampaña electoral (hay elecciones en abril, mayo y junio). También es una forma de tratar de proyectar fortaleza en plena tormenta política por el estallido del «caso Koldo». De hecho, el plan anual normativo encaja en el discurso de Sánchez de los últimos días, asegurando que va a agotar la legislatura (algo más de tres años queda) pese a la inestabilidad y debilidad parlamentaria.
En todo caso, llevar 49 leyes al Congreso no significa que todas vayan a aprobarse este mismo año. No obstante, sí es una cifra voluminosa que, hasta el PNV, el socio más fiable del Ejecutivo, ha definido como «irreal». Y es que contando todos los planes anuales normativos que ha aprobado el Gobierno desde 2020, este de 2024 es el tercero que más leyes incorpora: tiene tan solo ocho menos que el segundo en el ranking (2020). El que más leyes incluía es el de 2022, que llegó a las 92 (una cifra tan abultada porque había 32 normas que estaban pactadas con Bruselas para recibir los fondos europeos), mientras que los de 2023 y 2021 fueron más austeros, con 36 y 34, respectivamente.
En este sentido, cabe decir que de las 49 leyes que ha prometido el Gobierno llevar al Congreso este año, hay seis que son orgánicas: esto supone que requiere un tramitación parlamentaria más complicada porque se deben aprobar por mayoría absoluta. Y no solo eso sino que requieren una votación final de conjunto del texto en el Pleno, cosa que las leyes ordinarias evitan porque solo requieren más «síes» que «noes».
