El refrán dice que Dios escribe recto con renglones torcidos y esto se puede aplicar a la política portuguesa de los últimos años. Las elecciones parlamentarias del pasado 10 de marzo dieron lugar a una Asamblea de la República tan fragmentada que todos los observadores vaticinan que la actual legislatura no tiene futuro. La ventaja de la Alianza Democrática de Luis Montenegro, la coalición que reúne a cuatro partidos de centro-derecha articulados en torno al PSD, respecto del Partido Socialista es mínima -apenas dos escaños-, pero eso no ha impedido que el líder de estos, Pedro Nuno Santos, haya aceptado que sea la derecha la que ejerza su mejor derecho a gobernar. El árbitro de la situación política debía ser la Chega, la formación de extrema derecha que se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria del país con 50 diputados, pero Montenegro se ha negado a cerrar un acuerdo formal con ellos pese a que su líder, André Ventura, se lo exige si desea que la legislatura dure. La decisión de gobernar con acuerdos puntuales de Montenegro, que planea presentar su gabinete de ministros la próxima semana al presidente Rebelo de Sousa, debía superar su primera prueba con la elección del presidente de la Asamblea el miércoles. En principio se habló de un acuerdo con la Chega para elegir al exministro de defensa José Pedro Aguiar-Branco, pero en las primeras votaciones ya se vio que los diputados de la extrema derecha no estaban por la labor. Hubo tres intentos en los que no se alcanzó una definición hasta que en el cuarto cuajó un acuerdo histórico entre la Alianza Democrática y los socialistas por el cual han acordado repartirse los cuatro años de mandato al frente del Parlamento comenzando con Aguiar-Branco. En su primer discurso, el nuevo presidente de la Asamblea dijo ser consciente del peso de la institución que preside y dijo que actuará con «imparcialidad», «equidistancia» y «rigor». Las relaciones entre el centro-derecha y la Chega han quedado muy dañadas. Ventura ha acusado a Montenegro de «pisotear» a su partido. Los socialistas, por su parte, han dicho que se trata de una «solución puramente institucional» que no los convierte en socios de Alianza Democrática. Resulta curioso, sin embargo, apreciar que el acuerdo alcanzado en la presidencia del Parlamento portugués se parece mucho a la oferta que Alberto Núñez Feijóo extendió a Pedro Sánchez en el verano pasado para compartir la actual legislatura. Las mismas elecciones de este año han sido fruto de la renuncia del primer ministro socialista António Costa, quien convocó elecciones anticipadas después de que uno de sus colaboradores más estrechos fuera acusado de corrupción por los fiscales. Aunque Costa no ha sido imputado, dijo que presentaba la dimisión porque no podía seguir ejerciendo su cargo bajo la sombra de la sospecha y la desconfianza. Portugal se está convirtiendo en un ejemplo que, pese a su cercanía, la política española se niega a considerar y mucho menos imitar. Por el contrario, el Gobierno de Sánchez parece dispuesto a seguir levantando el famoso muro contra la mitad de los españoles que anunció durante su investidura. La táctica de convertir al Gobierno en oposición de la oposición ha sido confirmada en las últimas semanas, acentuando el protagonismo de personajes como Óscar Puente, y las salidas de tono de María Jesús Montero. El Ejecutivo ha decidido buscar el choque con el PP convencido de que esto mantiene contentas y movilizadas a sus bases. Pero, entre tanto, nuestra institucionalidad sufre y se deteriora, castigada por las ambiciones personales y el sectarismo.
