Hay consenso en la urgencia de actuar frente al tabaquismo, pero las regiones recelan de cómo se va a controlar la prohibición en espacios privados
Hoy vencía el plazo de dos semanas que el Ministerio de Sanidad dió a las comunidades autónomas para que presentaran sus aportaciones y mejoras al "Plan Integral Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027". El departamento que dirige Mónica García está muy interesado en que se apruebe lo antes posible y con el mayor consenso, motivo por el que ha convocado una reunión monográfica de la Comisión de Salud Pública para evaluarlo el próximo 3 de abril. De recibir luz verde, se votará en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) dos días más tarde, el 5 de abril.
Uno de los aspectos sobre el que las CC AA tienen dudas importantes es cuáles serán las autoridades competentes en la inspección para el cumplimiento de este plan. En concreto, Castilla y León, la Rioja, la Comunidad Valenciana y Andalucía han mostrado su preocupación sobre que se invadan libertades individuales si se regula fumar en espacios privados (como vehículos particulares cuando viajen niños o embarazadas).
"Las autoridades competentes deben establecer claramente cuál es el ámbito de cada una de ellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la inspección. Que quede claro qué administración y qué autoridad es la que corresponde a la inspección, que se regule claramente cuando se trata de hablar de intervención en ámbitos privados", ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández, según recoge Ep. "Nuestro objetivo es disminuir, en la medida de lo posible, la limitación de las libertades individuales", ha añadido.
En la misma línea se manifestó la consejería de Sanidad de la Rioja que, según informó Efe, que destacó que el borrador de Sanidad no detalla lo suficiente cómo se van a regular los espacios privados ni tampoco el vapeo, ni cómo se controlará el cumplimiento de las normas existentes en lugares de especial protección como los sanitarios o escolares.
Además de la falta de concreción, las CC AA echan en falta que el proyecto venga acompañado de una memoria económica, es decir, de una financiación específica. La Dirección de Salud Pública de Baleares, por ejemplo, propone que se destinen los fondos derivados de aumentar el precio del tabaco – medida que estudia Sanidad con Hacienda– a la lucha contra el tabaquismo, para que no se entienda como algo meramente recaudatorio.
Algo en lo que coinciden todas regiones es en la urgencia de tomar medidas para reducir la prevalencia, sobre todo entre los más jóvenes. El sentir general es apostar por conseguir la primera generación libre de tabaco para 2030.
Andalucía ya anunció que quiere prohibir la venta de vapeadores a los menores de edad, aunque espera que haya un debate sobre el tema, y no una imposición.
Respecto a la ampliación de los espacios libres de humo, las terrazas son el principal caballo de batalla. Comunidades como Baleares o Asturias se muestran completamente a favor de que se prohíba fumar en las terrazas, y también en otros lugares como las marquesinas de las paradas de autobús, a pesar de que esto pueda provocar "posturas en contra"procedentes del sector hostelero.
Respecto a las playas, el Plan solo recoge que se premiará el desarrollo de iniciativas que las incluyan como espacios sin humo, pero, en general, apuesta por la autorregulación. Galicia, que ha implementado iniciativas como ‘Playas sin humo’ que después amplió a ‘Parques sin humo’, y Aragón, proponen que se concedan distintivos de calidad de espacios sin humo cuando se desarrollen este tipo de programas.
La Comunidad de Madrid o Extremadura se pronunciarán después del CISNS, aunque esta última quiere que se tengan en cuenta «otros condicionantes» como el de las familias cuya economía depende del cultivo de tabaco, ya que el 95% de ellas viven en esta comunidad.
En línea con el rigor del que presume Sanidad en los datos que exhibe para defender su Plan desde la evidencia científica, Aragón pide que también se tenga en cuenta la que hay respecto a la utilidad los dispositivos de dispensación de nicotina como vía de deshabituación tabáquica, "siempre en casos especialmente indicados y cumpliendo unos requisitos concretos", han especificado. Además, defiende la realización de estudios sobre los efectos en la salud de las sustancias empleadas en los cigarrillos electrónicos– con y sin nicotina–. También reclaman que se aborde conjuntamente el consumo del tabaco y cannabis, que suele comenzar en la adolescencia.
