Este martes la entrada del alto tribunal de Londres se volvió a llenar de reporteros y activistas con pancartas a favor de Julian Assange. Hubo menos discursos que de costumbre, pero la escena era parecida a la repetida una y otra vez desde 2019 mientras el fundador de Wikileaks sigue apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le quiere juzgar por pirateo informático, robo y publicación de información confidencial de defensa nacional.
El equipo legal y la esposa del hacker australiano, Stella Assange, anunciaron en febrero que la decisión de este tribunal de Londres sería el final del camino, pero la decisión de la corte abre un nuevo proceso que puede sigue alargándose durante meses. La batalla legal empezó en Londres hace más de una década.
La corte de Londres, que no tiene equivalente exacto en España, pero ejerce en este caso funciones parecidas al Tribunal Supremo español, ha sentenciado que aunque el Gobierno británico firmó la orden de extradición a Estados Unidos en 2022 y parecían agotados todos los recursos, Assange todavía tiene margen para seguir apelando.
Según el tribunal británico, el Departamento de Justicia de Washington no ha dado suficientes garantías en tres puntos: que el derecho a la libertad de expresión de Assange será protegido según la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que el acusado no será discriminado por ser ciudadano australiano y que en ningún caso se le condenará por un delito que pueda acarrear la pena de muerte. Los representantes de Estados Unidos tienen tres semanas para presentar más evidencias sobre estos puntos en concreto y, si lo hacen, el 20 de mayo se celebrará una nueva audiencia en Londres para analizarlas. Si el Departamento de Justicia no las presenta o no satisfacen a los jueces británicos, Assange podrá empezar desde cero un recurso más global.
La justicia británica no ha aceptado otros argumentos de la defensa, que alegó en febrero que Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos o que se le estaba persiguiendo por “motivos políticos”.
Incluso si esta parte del proceso se resuelve en contra de Assange, todavía le queda la opción de recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene el poder de paralizar cualquier extradición en el Reino Unido mientras decide si considera el caso.
Además, según publicó hace unos días el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia y el equipo legal de Assange llevan meses negociando un acuerdo para cerrar el caso y que el australiano no sea enviado a Estados Unidos. El Journal publicó que el acuerdo considerado puede consistir en que Assange se declare culpable de un cargo menor y el Departamento de Justicia retire el resto de cargos y acepte que el tiempo que ha estado en prisión en Londres ya es suficiente para considerar que ha cumplido la sentencia.
El equipo legal de Assange asegura que su defendido puede ser condenado a 175 años de cárcel, pero las autoridades estadounidenses replican que, de ser declarado culpable, recibiría probablemente una pena mucho menor, más bien de seis años. Tras la publicación de la exclusiva del Journal, el equipo de Assange no quiso comentar sobre la información y uno de sus abogados sólo dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia no ha dado "ninguna indicación" de que esté cambiando de estrategia.
El proceso actual es el que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo 2019, durante la Administración de Donald Trump. La fiscalía le acusó entonces de 17 cargos por robo y publicación de documentos secretos que afectan a la seguridad nacional y un cargo por pirateo informático. El escrito de acusación cita publicaciones de Wikileaks entre 2009 y 2011 y subraya la precauciones para proteger a fuentes y ciudadanos corrientes en zonas de conflicto.
Las publicaciones por las que se acusa a Assange sucedieron durante la Administración de Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia, en cambio, decidió no presentar cargos porque creía que afectaría a periodistas y sería difícil ganar un caso de este tipo en Estados Unidos, que tiene una de las protecciones más amplias del mundo de la libertad de expresión a través de la Primera Enmienda de la Constitución.
En cambio, el Departamento de Justicia sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos y que fue condenado por filtrarle documentos a Assange para su publicación. Manning fue condenada a 35 años de cárcel, pero en mayo de 2017 salió de la cárcel después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.
Manning quería denunciar los abusos que había visto a su alrededor y el encubrimiento del Ejército para el que trabajó. Su colaboración, por ejemplo, sirvió para que en 2010 Wikileaks publicara un vídeo de 2007 en el que se ve cómo un helicóptero de Estados Unidos dispara y mata a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. La información no era completamente nueva, pero fue una prueba pública de lo que ya había denunciado la agencia. De hecho, Reuters había pedido el vídeo al Pentágono y consiguió verlo poco después de que sucediera el ataque aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe de Reuters en Bagdad también dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias antes de la publicación del vídeo.
Entre la información más significativa, publicada en colaboración del New York Times, el Guardian y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a los datos más documentados, según Iraqi Body Count, una organización que durante años recogió todos los datos disponibles sobre muertes de civiles desde la invasión de Irak.
Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.
Uno de los puntos en los que incide el escrito de acusación y han repetido en las últimas semanas los abogados del Departamento de Justicia es que Assange publicó telegramas diplomáticos y otros documentos sin tomar las precauciones mínimas para proteger a las fuentes de Estados Unidos, en particular de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos en Afganistán, Irak, Irán, China y Siria. Los medios habitualmente borran nombres y otros detalles de los documentos oficiales, en especial de los sensibles de seguridad nacional, como, de hecho, hicieron los que colaboraron con Assange en 2010, como el Guardian, New York Times y El País. La fiscalía de Estados Unidos asegura que activistas políticos, disidentes y civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la aparición de sus nombres en Wikileaks.
Otro ejemplo que cita el Departamento de Justicia son los documentos de Wikileaks que se encontraron en la casa donde se escondía Osama Bin Laden durante el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos que acabó con la vida del líder de la red terrorista Al Qaeda en 2011.
La falta de protección de personas corrientes es uno de los argumentos con el que el Departamento de Justicia asegura que Wikileaks no puede considerarse un medio. Varios diarios que habían colaborado con Assange criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, no se preocupara de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios.
Luke Harding, reportero veterano del Guardian, contó en un detallado libro cómo Assange despreciaba la protección de personas que, según cuenta que dijo, si eran asesinadas por un régimen autoritario "se lo habían buscado" por trabajar para cualquier agencia occidental. Assange denunció a Harding por difamación (en el Reino Unido, la protección a la libertad de prensa es más baja que en Estados Unidos y los casos por difamación y censura incluso previa son habituales).
Sea o no considerado un periodista, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa temen que casos como el de Assange dañen las salvaguardas existentes y que cualquier precedente sea explotado por futuros gobiernos y un sistema de justicia presidido por un Tribunal Supremo muy conservador tras la designación de varios magistrados por parte de Trump durante su mandato.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) volvió a insistir este martes en que una condena de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa como un precedente que se puede aplicar también a periodistas y medios profesionales en el futuro. Los defensores de Assange, entre ellos también el Guardian y otros medios con los que colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 que se ha utilizado en varios casos contra filtradores en las últimas dos décadas es especialmente peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.
El caso que ocupa ahora a la justicia británica y la estadounidense es el de los documentos publicados, pero la primera detención de Assange en el Reino Unido fue en 2010 a petición de Suecia por acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza por este caso, en 2012, Assange pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres y vivió allí siete años. En abril de 2019, después de que la embajada de Ecuador le retirara la protección tras años de tensión, fue detenido por el Reino Unido por saltarse las condiciones de la fianza.
En noviembre de 2019, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque aunque la denunciante, una ciudadana sueca que no fue identificada, era “creíble”, según la fiscal explicó, el tiempo transcurrido –nueve años desde las acusaciones– impedía conseguir información suficiente. El caso por abusos sexuales prescribió en 2015.
La posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría tener impacto en el futuro de Assange si todavía continúa el litigio. En su anterior mandato, el presidente conservador intentó interferir y presionar de manera habitual en la labor del Departamento de Justicia y no está claro qué haría frente a Assange, con quien ha tenido una relación ambigua.
En 2010, años antes de ser candidato, Trump dijo en una entrevista que el comportamiento de Assange era "vergonzoso" y que debía ser condenado a la pena de muerte. En 2017, cuando ya era presidente, dijo que le parecía "OK" que el Departamento de Justicia presentara cargos contra el fundador de Wikileaks. Unos meses antes, durante la campaña contra Hillary Clinton, Trump había dicho que "amaba" a Wikileaks.
Assange, que presentó un programa en la televisión estatal rusa, colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata con el objetivo de encontrar información que pudiera ser dañina contra Clinton y desanimar a sus votantes a participar en las elecciones. De hecho, durante esa campaña, el equipo de Trump estuvo en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó después la detallada investigación del fiscal especial Robert Mueller.
En 2020, durante el proceso de apelación en Londres, los abogados de Assange aseguraron que Trump, a través de un congresista republicano, le había propuesto hacer un trato que le garantizara el perdón si aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump dijo que eso era "totalmente mentira".
