La política española se ha visto marcada en los últimos meses por la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts para dejar impunes los delitos cometidos por los independentistas catalanes y así facilitar el regreso a Cataluña de Carles Puigdemont y otros huidos.
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 14 de marzo la proposición de ley, después de que los socialistas y los independentistas catalanes ajustaran la redacción sobre delitos de terrorismo, traición y malversación, de forma que beneficien a Puigdemont, Marta Rovira y otros muchos acusados en sumarios judiciales.
Los críticos con la amnistía denuncian que finalmente el PSOE ha cedido ante el órdago de Junts -que tumbó en enero el texto en el Congreso- ya ha terminado aceptando amnistiar algunas conductas que el Código Penal español tipifica como terrorismo.
Si para algunos la amnistía es inaceptable y va “demasiado lejos”, otros la ven demasiado corta, según ha podido comprobar El Chivato.
Es el caso de algunos colectivos de extrema izquierda agrupados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, que se define como “organización que surge para combatir la represión y generar estrategias de resistencia” y que en Twitter clama por la “¡Amnistía total!”.
Precisamente ese concepto es el que reivindicarán en el mes de mayo en lo que denominan ‘XII Jornadas por la amnistía total’.
Aprovechando que el Congreso de los Diputados había aprobado la proposición de ley de amnistía, esta plataforma animó a sus simpatizantes a acudir a esas jornadas: “Hoy el Congreso ha aprobado su amnistía parcial”, así lo denomina, y por eso “hoy más que nunca hay que organizarse y luchar por la verdadera Amnistía Total de todos los presos políticos y represaliados”.
Aunque los disturbios más llamativos desde 2017 y las denuncias de “presos políticos” y “represión” se han producido sobre todo en Cataluña, Madrid también registró episodios de violencia callejera en años previos, sobre todo entre 2012 y 2014.
Algunas manifestaciones de grupos de extrema izquierda contra el Gobierno de Mariano Rajoy -‘Rodea el Congreso’ de la Coordinadora 25-S, ciertas convocatorias relacionadas 15-M, las Marchas de la Dignidad- degeneraron en altercados provocados por radicales violentos que se enfrentaron a los antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.
Por los incidentes en esas concentraciones se registraron decenas de detenidos. Algunos casos se fueron traduciendo en condenas judiciales por delitos de atentado, lesiones y desórdenes públicos, entre otros.
Para colectivos como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, casos como estos son represión, como también otras condenas a radicales antifascistas, anarquistas y de extrema izquierda, así como lo sucedido con un joven (Alfonso Fernández, popularizado como ‘Alfon’) que fue condenado a cuatro años de cárcel por portar un artefacto explosivo cuando la Policía le paró a primera hora de la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
Esa plataforma celebrará sus ‘XII Jornadas por la amnistía total’ en el denominado ‘Centro Social Okupado Atalaya’, situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
El cartel de la convocatoria de estas jornadas es significativo. En una esquina se ve a Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Miriam Nogueras (portavoz de Junts en el Congreso), medio tapados por unos cristales rotos que parecen haber sido rotos por unos encapuchados que mueven unos contenedores tumbados.
