MIAMI, Estados Unidos. – La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este martes a la implementación de la ley SB4 en Texas, una legislación que otorga a las autoridades locales y estatales el poder de arrestar a migrantes indocumentados, según publicaron medios internacionales.
La decisión, que cayó del lado de la mayoría conservadora de la Corte por seis votos contra tres, ha suscitado un debate sobre la autoridad de los estados para legislar en materia de inmigración, una competencia tradicionalmente federal.
De acuerdo con la cadena NBC, el juez conservador Samuel Alito desempeñó un papel crucial al congelar temporalmente la ley el pasado 4 de marzo, permitiendo que la Corte Suprema tuviera más tiempo para considerar la solicitud del Gobierno federal. A pesar de la extensión indefinida del bloqueo, este martes la Corte finalmente decidió permitir que la ley entre en vigor temporalmente, remitiendo el caso a un tribunal inferior para una decisión más definitiva.
La ley SB4, promovida por la mayoría republicana en Texas y el gobernador Greg Abbott, ha generado controversia por permitir el arresto de migrantes que cruzan de forma irregular la frontera desde México y por imponer sanciones penales severas.
Por su parte, en una opinión disidente citada por NBC, la jueza progresista Sonia Sotomayor criticó la decisión, advirtiendo que la ley “alterará el equilibrio de poder entre el Gobierno federal y el estado, sembrando el caos”.
El texto legislativo faculta a cualquier oficial de Texas a detener a personas sospechosas de ingresar sin documentos al país, siempre que exista una causa probable, y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de personas a México sin proceso judicial.
Además, la ley ha ampliado las penas por ayudar a cruzar o transportar a un inmigrante indocumentado, elevando la pena máxima a 10 años de prisión y una multa de 10.000 dólares.
La procuradora general Elizabeth Prelogar desestimó la justificación de Texas basada en la Cláusula de Guerra Estatal de la Constitución, argumentando que “un aumento de la inmigración no autorizada claramente no es una invasión en el sentido de la Cláusula de Guerra Estatal”.
Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, defendió la ley afirmando que complementa la ley federal y sostiene que Texas tiene el “derecho soberano de defenderse” de amenazas transnacionales.
Las exclusiones de la ley SB4, como las escuelas y hospitales, indican un reconocimiento de ciertos límites en la aplicación de la política migratoria estatal. Sin embargo, la posibilidad de que las detenciones se concentren cerca de la frontera subraya la focalización geográfica y estratégica de la ley.
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