Cita al Gobierno de Zapatero y a Conde-Pumpido como partidarios del proyecto y respalda la gestión de su exvicepresidente Alfredo Prada
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este martes que "todo el mundo apoyaba" la idea de levantar a partir del año 2005 un Campus de la Justicia en la capital para reunir en un mismo espacio todas las sedes judiciales madrileñas, como se había hecho --ha apuntado-- en Barcelona y Valencia.
Así lo ha declarado Aguirre como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades de la empresa gestora del Campus de la Justicia al adjudicar contratos y que tiene como principal acusado al exvicepresidente Alfredo Prada, para el que la Fiscalía reclama 8 años de cárcel.
"Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia, todas las entidades, desde el fiscal general entonces y actual presidente del Tribunal Constitucional (Cándido Conde-Pumpido), al presidente del Supremo, todos", ha indicado la exdirigente del PP, que a varias preguntas ha respondido no recordar detalles alegando la lejanía en el tiempo de los hechos.
Además, Aguirre ha señalado que también el ministro de Justicia del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que el Campus de la Justicia era algo que había que hacer.
"Y también, cuando pusimos la primera piedra, en la foto estaba todo el mundo de la Justicia madrileña y nacional. O sea, que es que era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre, como creo que se dice por ahí", ha defendido.
La expresidenta madrileña ha argumentado que convenía que todas las sedes judiciales estuvieran agrupadas, para volver a insistir en que "todo el mundo, los partidos y los números unos de las judicaturas, estaban de acuerdo".
Preguntada por si era viable el proyecto --se paralizó y abandonó en 2009 tras gastarse 355 millones de euros--, Aguirre ha manifestado que la Comunidad de Madrid no tenía dinero para llevarlo a cabo y que la regla era que no se podía gastar más de lo que se ingresaba, pero que surgió una oportunidad al lograr la cesión de unos terrenos "muy grandes" en la zona de Valdebebas por los que no tenían que pagar.
La exdirigente ha señalado que la Comunidad pagaba "mucho" en alquileres --"era un momento de 'boom' inmobiliario"-- por las sedes judiciales ubicadas en la capital, dinero que se ahorraría una vez construido el Campus de la Justicia.
"Pensamos que bien, que no vamos a tener que poner dinero del presupuesto de la Comunidad, porque con el ahorro del alquiler y lo que vamos a sacar con edificios que vendemos va a ser suficiente. Y entonces se pensó que lo mejor era hacer una sociedad anónima para que pudiera tener mayor agilidad para hacer todas las gestiones que se necesitaban, porque lo único que teníamos en ese momento era el suelo", ha expresado.
Aguirre, que ha declarado que las cuentas de la empresa pública se aprobaron sin apreciar ningún tipo de irregularidad entre 2005 y 2008, ha expuesto que decidió paralizar el proyecto en 2009 debido al estallido de la crisis económica, que lo convirtió en "imposible", y no porque sospechara de la gestión de Prada al frente del Campus.
"Nos pareció --ha continuado, en alusión a la crisis-- que era más prudente garantizar la seguridad de lo que ya estaba hecho, los túneles subterráneos y el Instituto de Medicina Legal", el único edificio que se levantó.
La expresidenta ha subrayado que la decisión de frenar la construcción del Campus fue, por tanto, "puramente económica", porque había que recortar el presupuesto. "Y como habíamos pensado que esto no iba a costar y nos encontramos con que sí iba a costar, y mucho, pensamos en un frenazo temporal para luego retomarlo", ha apostillado, añadiendo que la gravedad de la crisis impidió reanudar el proyecto.
LA GESTIÓN DE PRADA FUE "MUY BUENA"
Preguntada si presionó para que Campus adjudicara el diseño de edificios al arquitecto británico Norman Foster, Aguirre lo ha negado y ha explicado que Prada le transmitió esa idea. Asimismo, ha relatado que intentaron que los diseñara el español Santiago Calatrava, "pero no fue posible".
En este sentido, ha señalado que le pareció bien que Campus eligiera a Foster y que ella era partidaria de que participaran arquitectos de renombre, porque era "bueno" para la imagen de Madrid y de la arquitectura, tanto de la española como de la internacional.
Aguirre, además, ha dicho que no cesó en 2008 a Prada como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior por su gestión, que "fue muy buena", sino por motivos políticos, porque él se aproximó en aquel momento al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, con el que Aguirre discrepaba.
"Estaba muy contenta con la gestión de Prada", ha afirmado, antes de señalar que el que fue su vicepresidente tenía libertad para operar --"con sujeción a las leyes y a los reglamentos, por supuesto"-- tanto en la Consejería como en el Campus de la Justicia, por lo que "no tenía obligación" de rendirle cuenta.
Y a preguntas de los medios después de su declaración, Aguirre ha expresado que le parece "muy mal" que Prada esté en el banquillo de los acusados, sugiriendo que se debe a presiones del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Fiscalía para que acabara imputado.
Por su parte, el también expresidente regional Ángel Garrido, que era consejero de Justicia con Cristina Cifuentes en 2015, cuando se liquidó la empresa pública de Campus, ha declarado como testigo que la Comunidad de Madrid denunció "indicios de delito" en la gestión del proyecto con el fin de defender al "erario público madrileño".
La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita 6 años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo de la empresa pública que gestionaba el proyecto.
Campus de la Justicia fue impulsado por el Gobierno regional de Aguirre en su primer mandato. En 2005 se creó una empresa pública para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad. Las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos: "Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".
