El 26 de marzo culminará la evaluación internacional del GAFI, que será clave para las aspiraciones del Gobierno de Javier Milei de obtener financiamiento en el mercado de capitales internacional. Buscan proteger a inversores cripto y adecuar las normas a estándares antilavado internacionales.
En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuya misión llegó este jueves a la Argentina, el Gobierno y las billeteras cripto impulsan una innovadora propuesta de regulación de la industria de activos virtuales, que busca proteger y brindar certidumbre a los usuarios. Argentina busca alinearse a los estándares internacionales de prevención contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El reloj apremia. El 26 de marzo culminará la evaluación internacional que será clave para las aspiraciones del Gobierno de Javier Milei de volver a obtener financiamiento en el mercado de capitales internacional.
Si no se aprueba una ley que cuenta con media sanción y está a la espera del tratamiento en el Senado o el Poder Ejecutivo no firma un decreto que regule, entre otras cuestiones, al ecosistema cripto, Argentina podría quedar en la lista gris o incluso negra del GAFI, que agrupan a los países que tienen deficiencias en su marco legal y son más vulnerables al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. Esa decisión tendría consecuencias jurídicas y económicas: se dificultaría el acceso a crédito internacional del Estado y también de las empresas privadas.
Esa nueva normativa introduce la figura de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que agrupa a exchanges y plataformas de operación de criptomonedas como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que tendrían que reportarle operaciones sospechosas, y también crea un registro de estas plataformas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
"Es fundamental un marco legislativo que brinde certidumbre a inversores, emprendedores y empresas, acompañado de una política tributaria que incluya exenciones y ajustes de la norma vigente para seguir impulsando a un ecosistema que incluye a muchas personas que no pueden acceder a productos bancarios tradicionales, genera puestos de trabajo de calidad y capacitación para especialidades con alta inserción laboral actual y futura", explicó Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon.
Para lograr ese objetivo, la Cámara Argentina Fintech y las empresas del sector participan junto a la UIF y la CNV en mesas de trabajo. Allí, discuten cómo será la reglamentación de la norma, buscando una regulación que proteja a los usuarios, al tiempo que los exima de impuestos como Bienes Personales o Ganancias para fomentar la inversión en criptomonedas.
"La industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y sus usuarios por igual", expresó la Cámara en un comunicado.
El gran temor que se cierne sobre la industria cripto local es que usuarios den la espalda a la regulación y opten por invertir masivamente en billeteras descentralizadas. Por eso, se preocupan por recalcar los efectos positivos de la regulación, al tiempo que destacan que "es inevitable" que Argentina se adecue a los más altos estándares internacionales en prevención del lavado de activos.
Ese sello de calidad lo otorga el GAFI, un organismo internacional que Argentina integra desde 2000. La revisión a nivel de pares produce una calificación del país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales.
