Lejos de clarificarse, la situación para los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en la capital gallega se enturbia por momentos. Tras un complicado verano, el de 2022, en el que el Gobierno liderado en aquel momento por Xosé Sánchez Bugallo remitió multas por valor de 15.000 euros e incluso llegó a enviar a policías locales para que las viviendas sin licencia municipal fuesen precintadas, todo apuntaba a que las cosas —coincidiendo con el relevo en Raxoi— estaban encaminadas. Fue en 2023 cuando la corporación liderada por el PSOE aprobó (con los votos de Compostela Aberta) la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que limita la existencia de pisos turísticos en la Santiago, relegándolos a bajos y primeras plantas y prohibiéndolos en la zona vieja de la ciudad. La idea última era favorecer el alquiler para familias y estudiantes, pero ofreciendo a los dueños de las VUT inscritos previamente en el registro oficial de la Xunta una salida. En concreto, se trataba de que a través de unas ordenanzas se regularizasen todas aquellas viviendas que ya operaban como piso turístico en Compostela antes del cambio de normativa, unas 700 según las estimaciones de Aviturga. Unas «esperadas ordenanzas», insisten, de las que a estas alturas nada se sabe y que mantienen a los afectados en tierra de nadie con respecto al futuro de sus pisos, algunos de ellos con importantes reformas que los dueños siguen pagando sin los ingresos provenientes del alquiler turísticos. Ellos razonan que empezaron a funcionar cumpliendo los requisitos que exigía la Xunta en aquel momento —su registro en el REAT— y critican que el Gobierno compostelano siempre puso palos en las ruedas para conceder unas licencias que, insisten, no eran obligatorias según la regulación autonómica aprobada en 2017. Sus quejas son conocidas y sonoras, pero ocho meses después de su llegada al poder, la alcaldesa del BNG, Goretti Sanmartín, sigue sin ofrecerles respuestas. La situación, dicen, se límite. «Estamos hartos de mentiras e imprecisiones; de fechas que nunca se cumplen; de excusas que ocultan la incapacidad de un gobierno en minoría para sacar adelante un Concello de esta entidad y de la oposición socialista empeñada en manejar los hilos del urbanismo municipal, negándose a asumir que los ciudadanos los sacaron del gobierno precisamente por chapuzas como la gestión de las VUTs», apuntan desde la directiva de Aviturga, que además sitúa en dos años desde la aprobación definitiva de la modificación del PXOM el periodo mínimo para la entrada en vigor de las ordenanzas. Más notificaciones Con esta perspectiva, y los pisos cerrados a espera de ver cómo evolucionan la burocracia, los dueños se encuentran ahora con un nuevo problema. Una «nueva campaña de acoso» que les ha hecho elevar la voz. Denuncian que el consistorio santiagués ha activado «una nueva campaña de intimidación a los titulares de VUT, con docenas de notificaciones remitidas desde finales del pasado año por el Concello», que evidencia que el gobierno local, «lejos de buscar una actitud conciliadora se ha instalado en la hostilidad y la hostigación a quienes defienden su derecho a alquilar sus propiedades por periodos cortos». Una ofensiva, cargan, que «cuenta con la complicidad del PSOE». En su explicación, portavoces de Aviturga se quejan de que resulta «cuanto menos sorprendente» que el concello de Santiago advierta en las notificaciones remitidas a los propietarios de «incumplimiento del planeamiento» cuando llevan meses esperando una ordenanza que regule los usos preexistentes a la modificación del PXOM en la que nadie, revelan, «ha trabajado todavía». En este punto, los afectados se aferran a las palabras de la actual regidora, que admitió que «nunca hubo un borrador de ordenanzas ni intención de hacerlo durante la anterior legislatura». Más ciudades en vilo Sobre el escenario actual —y a punto de iniciar la temporada alta, que coincide con la Semana Santa y las reservas de cara a los meses estivales— los propietarios de las VUT de la capital gallega niegan que ellos sean la causa del problema habitacional de la capital (suponen apenas un 1,5 por ciento del total de viviendas del municipio) y reclaman avances y un cese del «hostigamiento». Lo hacen en un momento en el que este tipo de alojamientos están en el punto de mira en las principales urbes gallegas, caso de La Coruña, donde también se trabaja en una regulación restrictiva que tiene en pie de guerra a cientos de afectados. En este caso argumentan que el consistorio de Inés Rey «quiere cargarse el modelo de tipología preferida por los viajeros» y revelan que en todo el municipio hay «20.000 casa vacías» en las que «nadie se está fijando».
