El Fondo Monetario Internacional (FMI) le permitirá a Argentina postergar por dos meses la última revisión del préstamo de unos u$s 44.000 millones, lo que le daría más tiempo al Gobierno para aplicar reformas y potencialmente negociar un nuevo programa, según personas con conocimiento directo de las negociaciones le dijeron a Reuters.
La última revisión del acuerdo está prevista originalmente para septiembre, mes en el que se evaluaría el desempeño del segundo trimestre de 2024 (abril-junio), pero se postergaría hasta noviembre.
El programa Stand By Agreement (SBA) firmado en 2018 bajo la administración de Mauricio Macri tiene su último vencimiento de capital este 16 de julio de 2024, seis años después del acuerdo. En 2022 fue renegociado por el entonces presidente Alberto Fernández, para ir cubriendo los vencimientos con nuevos desembolsos, mediante un crédito de Facilidades Extendidas (EFF) a 10 años.
En 2025 la Argentina solo pagará intereses y sobrecargos, mientras que en septiembre de 2026 volverá a tener que abonar "principal".
Mientras tanto, el Directorio Ejecutivo (Executive Board) se reunirá este miércoles 31 de enero para aprobar la séptima revisión del programa vigente, que destrabará un desembolso cercano a los u$s 4700 millones, útil para los vencimientos de enero -u$s 1950 millones- y de intereses de febrero -u$s 850 millones-, además de reembolsar el dinero pagado en diciembre -con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por u$s 960 millones.
Pese al retiro del paquete fiscal del proyecto de "ley ómnibus", que el organismo estaba muy interesado en que se aprobara, las metas son innegociables por el Gobierno. Esto es que se mantiene la idea de ir al equilibrio fiscal financiero con un superávit primario equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB), una acumulación de reservas internacionales netas de u$s 10.000 millones contando desde la asunción de Javier Milei y emisión monetaria cero del Banco Central (BCRA) para asistir de manera directa al Tesoro nacional.
Los renglones apuntados para cumplir la meta fiscal son las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de la seguridad social, que representaron en 2023 cerca del 44% del gasto ejecutado; así como los subsidios a la energía (luz y gas), el transporte público (trenes y colectivos) y el agua, a los que se destinaron otro 11% del gasto el año pasado. Entre ambos suman casi 11 puntos porcentuales del Producto.
Además, las transferencias corrientes y las de capital a las provincias adicional 6% más del gasto o 1,2% del PIB, un número puesto para trasladar el costo del ajuste a los gobernadores.
De acuerdo a los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), con la actualización pendiente del impuesto a los combustibles -que se podría descongelar este jueves 1 de febrero- el Tesoro nacional podría ver recaudación extra por cerca de 0,37% del PIB. Décima a décima.
Mientras tanto, esta semana ya empezará a regir la suba de tarifas del gas y también la de energía eléctrica, con lo que se empezarán a reducir los subsidios. El objetivo original del ministro de Economía, Luis Caputo, es disminuir en 0,7 puntos las transferencias directas del Tesoro a las productoras de gas y las generadoras eléctricas para subvencionar el consumo de hogares, comercios e industrias, pero podría acelerar el ritmo para llegar al déficit cero.
