Porque callar es de cobardes. Porque el silencio corroe y hasta delata. Porque opinar a piñón fijo desacredita a quienes lo hacen. Y porque la verdad debería ser una aspiración común frente a quienes pretenden retorcerla, esconderla o manipularla. En la política, en el periodismo y, en general, en la vida.
Hay hechos que son palmarios y sobre los que jamás se debería echar tierra encima, pasar página o mirar hacia otro lado como hacen muchos estos días con las últimas noticias sobre la llamada Operación Catalunya, como si fuera un asunto menor que un gobierno, con ayuda de una mafia policial, fabricara informes falsos y usara los resortes del Estado para acabar con los adversarios políticos.
Tiene razón Teresa Ribera cuando afirma que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón actúa en “momentos políticos sensibles" y “siempre en la misma dirección”. Basta con buscar las fechas de sus decisiones judiciales y el sentido de las mismas para comprobarlo. El revuelo que han causado sus palabras en la derecha política, judicial y mediática y la fiereza con la que han invocado la separación de poderes es tan cínico como falsario. La vicepresidenta no se ha inmiscuido lo más mínimo en el trabajo del juez de la Audiencia Nacional y tampoco ha mencionado su estrambótica causa por terrorismo contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que podría haberlo hecho aunque no es recomendable en un miembro del Gobierno. Sólo ha puesto el foco en una evidencia, como también ha hecho su colega Óscar Puente y este lunes reiteraba el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al sostener que hay actuaciones judiciales que tienen detrás una "motivación política”.
El Consejo General de Poder Judicial, con mandato caducado desde hace cinco años, se ha apresurado a calificar las declaraciones de Ribera como “contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea”. Nada dijo, sin embargo, el órgano de los jueces ni cuando el magistrado se ha manifestado públicamente contra una ley como la de amnistía, que aún se tramita en el Congreso, ni cuando cientos de togados se manifestaron contra una norma impulsada por el Legislativo y alertaron contra una supuesta destrucción del estado de Derecho. Entonces no defendieron la separación de poderes ni la lealtad entre instituciones porque ya se sabe que la democracia sólo está en peligro cuando gobierna la izquierda y nunca cuando lo hace la derecha.
Que García Castellón considere que Puigdemont es un terrorista porque apoyó una manifestación en El Prat y ese mismo día falleció de un infarto un turista no es sólo un insulto a la inteligencia del resto de magistrados, sino una auténtica ofensa a quienes en este país han padecido, luchado e incluso muerto por las balas y las bombas, en ese caso sí, del terrorismo. España tiene aún la memoria fresca de lo que fue aquello.
Que además haya tardado García Castellón cuatro años en darse cuenta de que el ex presidente puede ser imputado por un delito como el que le endosó en los días en los que Junts y el PSOE estaban a punto cerrar un acuerdo para la investidura de Sánchez es un escándalo en el que no parece haber reparado la Comisión Disciplinaria del desacreditado Consejo del Poder Judicial.
Y al PP sólo le parece una provocación que atenta contra la independencia judicial lo que ha dicho Ribera porque en España, “los jueces y los magistrados son imparciales y no prevarican, sino que ejercen su competencia”. ¿Les suena Salvador Alba? Está en prisión desde octubre pasado porque fue condenado en 2019 a seis años y medio por conspirar contra su entonces colega de carrera Victoria Rosell después de que ella decidiera concurrir a las elecciones generales de 2015 en la lista de Podemos y todas sus acusaciones se demostraron falsas. Pero ahí están también los casos de Gómez de Liaño, Pascual Estevill y otros muchos que fueron inhabilitados por prevaricar.
Los que no callan como Ribera, Puente o Urtasun, que seguro han incomodado aunque no mucho a sus colegas del Consejo de Ministros, son las voces que valen la pena y las que ponen el dedo en la llaga de una democracia que será siendo imperfecta hasta que no se acabe con tanto silencio cómplice y tanta cobardía, venga de donde venga, ante las actuaciones de algunos jueces como García Castellón en su instrucción de la causa de los CDR y el Tsunami Democràtic.
