La Justicia rusa ha condenado a cuatro años de prisión a Fail Alsynov, un destacado líder nacionalista bashkir. El activista de 37 años, representante del movimiento juvenil Bashkort, ilegalizado desde su entrada en la lista de organizaciones extremistas en 2020, había sido acusado de incitar al odio contra «las etnias caucásica, centroasiática y armenia». Recibió la sentencia este miércoles en un juicio a puerta cerrada en el tribunal de Baymak, una ciudad remota situada a unos 280 kilómetros de la capital regional, Ufa, y a casi 1.400 kilómetros de Moscú. La condena fue incluso más dura que la solicitada por el fiscal.
El juicio contra este conocido defensor de los derechos de la minoría bashkir provocó fuertes disturbios en esta pequeña localidad de la república de Bashkortostán. La fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y golpearon con porras a los cientos de manifestantes que se congregaban en las inmediaciones del tribunal pese a las bajas temperaturas, próximas a los 20 grados bajo cero. Según los medios locales, las protestas se han saldado con alrededor de una veintena de detenidos y decenas de heridos. Un manifestante acabó «con la cabeza destrozada», según el grupo de observación OVD-Info.
Las autoridades bloquearon los canales de Telegram que cubrían los disturbios y bloquearon las carreteras que conducían hasta la sede judicial, informa Nóvaya Gazeta. Muchos habían acudido hasta Baymak desde Ufa, a cinco horas de distancia en coche. «Os aconsejo que entréis en razón y no arruinéis vuestra vida», advirtió el ministro del Interior de Bashkortostán, Rafail Divayev. Las autoridades también pusieron en marcha una investigación judicial contra los manifestantes por los cargos de «disturbios en masa» y violencia contra los agentes del Estado.
«Muchísimas gracias a todos los que vinieron a apoyarme, nunca lo olvidaré. No admito mi culpabilidad. Siempre luché por la justicia, por mi pueblo, por mi república», trasladó Alsynov tras recibir la sentencia en declaraciones recogidas por el digital RusNews.
Los disturbios en esta república petrolera de los Urales, con más de cuatro millones de habitantes, han coincidido con la visita del presidente ruso Vladimir Putin al cuartel general de su grupo de apoyo, que anunció haber recaudado un total de 2 millones y medio de firmas de las 300.000 requeridas para presentar su candidatura como independiente a las elecciones presidenciales del próximo mes de marzo. Las difusión de las protestas coloca en una situación delicada a Radiy Khabirov, jefe regional de esta república fronteriza con Kazajistán, que tendrá que aplacar cuanto antes las movilizaciones para tranquilizar al Kremlin.
Fail Alsynov, líder nacionalista bashkir, pueblo hermanado con los tártaros y descendiente de tribus túrquicas que reside mayoritariamente en los Urales, había sido acusado de insultar a los trabajadores inmigrantes en abril del pasado año. «Los armenios irán a su patria, los “kara khalyk” a su patria, los rusos a su Riazán, los tártaros a su Tatarstán. No podremos movernos, no tenemos otro hogar, ¡nuestro hogar está aquí!», dijo entonces desde la localidad de Ishmurzino.
Según las autoridades, el activista «pronunció un discurso en lengua bashkir que contenía afirmaciones que evaluaban negativamente a grupos de personas: residentes del Cáucaso, Asia Central y armenios». La acusación incidía en el término «kara khalyk», que puede ser traducido como «trabajadores» o «negros». Sus seguidores, en cambio, denuncian una persecución judicial contra el activista por haber participado años atrás en una protesta medioambiental en contra de la extracción de sosa en una colina de la región que la población local considera un lugar sagrado.
El nombre de Fail Alsynov figura en el listado de «extremistas y terroristas» de Rosfinmonitoring, la agencia encargada de congelar las cuentas bancarias de las personas sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. El nacionalista bashkir se había posicionado en contra de la invasión de Ucrania y había criticado con dureza la movilización de 300.000 reservistas aprobada por Putin en septiembre de 2022, que calificó como un «genocidio» para los más de 110.000 bashkires que residen en Rusia, según el censo de 2010.
