El Gobierno ha afrontado este miércoles su primer examen de la legislatura. El Pleno del Congreso ha debatido y votado en el Senado los tres primeros reales decretos del nuevo Ejecutivo, logrando sacar adelante dos (el que afecta a la Administración de Justicia y el de las medidas anticrisis por la guerra de Ucrania y Gaza) en lo que se ha convertido en una nueva cesión de Pedro Sánchez al independentismo catalán y en concreto, a Junts . También ha quedado aprobado el techo de gasto, primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. No ha corrido así la misma suerte la reforma del subsidio de desempleo impulsada por Yolanda Díaz (tercer real decreto que se discutía en la sesión en la Cámara Alta), que se ha chocado de golpe con el 'no' de Podemos y el de todas las derechas. Como bien ha explicado Daniel Tercero en su crónica , los siete diputados de Carles Puigdemont no han votado en las convalidaciones de los tres primeros decretos-ley del Gobierno a pesar de haber defendido desde la tribuna de los oradores por activa y por pasiva que no los aceptarían tanto por la forma como por el fondo, permitiendo así la aprobación de dos de ellos. Pero, ¿a cambio de qué? De la gestión «integral» de la inmigración para la Generalitat de Cataluña y el compromiso del PSOE de publicar la balanzas fiscales y, también, la eliminación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que afectaba a la aplicación de la ley de amnistía (todavía en trámite). A continuación, ABC te explica los trofeos que el líder del Ejecutivo ha otorgado al expresidente catalán para salvar sus decretos: 1 Borrar la cuestión prejudicial de la amnistía En primer lugar, Sánchez ha concedido a Junts la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que la cuestión fuese elevada a Europa. Un artículo, dice Junts, que «amenazaba la viabilidad» de la futura norma. Un apartado con el que los secesionistas temían un freno al borrado de los delitos del procés. 2 Cesión total de las competencias de inmigración Entre las medidas que han logrado que Junts se haya abstenido en la votación de los reales decretos del Gobierno de Sánchez también destaca la cesión total -«delegación», según los de Puigdemont- de las competencias sobre inmigración a la Generalitat catalana, mediante la vía del a rtículo 150.2 de la Constitución Española a través de una ley orgánica específica para Cataluña. Noticias Relacionadas estandar Si Feijóo alerta de la inestabilidad de la legislatura: «Aterra pensar cómo será cada semana» Víctor Ruiz de Almirón opinion No Editorial Puigdemont, control total Editorial ABC La cesión de estos recursos, señalan los de Puigdemont en un comunicado oficial, irá acompañada de «los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia , adecuada a las necesidades y realidad de nuestro país». 3 Revertir el decreto que favoreció la marcha de empresas de Cataluña También se reformará la Ley de Sociedades mediante Consejo de Ministros para revertir el Real Decreto sacado adelante por el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña. 4 Publicación de las balanzas fiscales A partr de ahora, el PSOE se ha comprometido asímismo a publicar de manera «inmediata» los datos oficiales para el cálculo de las balanzas fiscales. Una medida que esconde la pretensión de justificar una nueva financiación para los catalanes a la manera del concierto vasco. 5 El Estado asume el coste de las bonificaciones del transporte público El estado español, se jacta Junts en el mismo comunicado, asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. 6 IVA del 0% al aceite de oliva Junts ha acordado con el Gobierno de Sánchez que el IVA del aceite de oliva quede fijado en el 0 por ciento, convirtiéndose así en un alimento esencial . 7 Multiplicar la inversión en digitalización y reconocimiento de derechos históricos Además, el Gobierno multiplicará por cinco la inversión prevista para la digitalización de la administración de la Justicia (de 1,2 a 6,2 millones de euros) y por último, «se reconocen los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local», sin más concreción sobre este último asunto.
