España, una vez superada la pandemia y el shock inflacionario causado por la guerra de Rusia, se va a enfrentar inevitablemente a un proceso intenso de consolidación fiscal en esta nueva legislatura. Un país que va terminar 2023 con una deuda pública del 108% y un déficit del 3,9% del PIB tiene que empezar a pensar seriamente en cómo va a realizar el ajuste en los próximos años, y, en este proceso, la Seguridad Social debe jugar papel importante. No olvidemos que el gasto en pensiones, cuando aún falta por jubilarse la generación del baby boom, asciende al 13,5% del PIB (12% la Seguridad Social y 1,5% las clases pasivas), mientras que las cotizaciones sociales apenas recaudan un 9,7% del PIB, y el resto se financia con impuestos y deuda pública.
En este complejo escenario fiscal el Gobierno progresista debe poder avanzar en temas de justicia social y, para ello, se deben racionalizar los escasos recursos públicos disponibles, atendiendo a la justicia intergeneracional. Máxime cuando estamos en la antesala de la aprobación de las nuevas reglas fiscales que nos obligaran a situar el déficit en el 3% en 2024.
En los últimos tres años todas las pensiones, incluidas las más altas, han subido: 4,1% en 2022, 8,5% en 2023 y 3,8% en 2024. Esto significa una subida acumulada del 17,2% en todas las pensiones, al tiempo que los salarios han subido menos del 9% en dicho periodo. Esto ha supuesto un aumento del gasto en pensiones de forma permanente de 33.000 millones al año (29.500 millones en Seguridad Social y 3.500 millones en clases pasivas). Es decir, únicamente la revalorización de las pensiones en tres años ha supuesto un aumento del gasto de 2,1% del PIB. Cabe recordar que todo el gasto público en educación, según las últimas cifras públicas por la IGAE (2022), fue un 4,4% del PIB. Solo la revalorización de las pensiones en tres años supone la mitad del gasto en educación. A la luz de los deprimentes resultados obtenidos en PISA recientemente, no creo que nadie ponga en duda que la inversión en educación hubiera sido más prioritaria.
Una subida generalizada de las pensiones, incluidas las más altas, cuando nos enfrentamos a un shock de subidas de precios como este, creemos que es inapropiado e injusto. Hubiera sido más razonable que una subida de la pensión en función de la cuantía de la pensión. En concreto:
En situaciones económicas “normales” donde la tasa de inflación permanezca estable, todas las pensiones deben revalorizarse teniendo en cuenta el coste de la vida o el IPC. Es evidente que no hacerlo así pondría en jaque la contributividad del sistema de pensiones, que es una de las características de nuestro sistema de pensiones, defendido incluso en la propia Constitución.
La medida se podría justificar aludiendo a la justicia intergeneracional e introduciendo una Cláusula de Salvaguarda en el nuevo Mecanismo de Revalorización de las Pensiones.
Para entender por qué esta medida es justa, es importante resaltar tres aspectos.
Primero, el nivel de riqueza de los pensionistas crece exponencialmente con la pensión recibida. Según la encuesta financiera de las familias del Banco de España, la riqueza neta mediana de los jubilados que en 2019 tenían una pensión menor a los 857 euros ascendía a 113.800 euros, mientras que la riqueza neta mediana de los pensionistas con una retribución mensual superior a los 2.571,43 euros era de 520.416 euros, es decir, casi cinco veces más
Segundo, las pensiones máximas en el periodo 2022-2024 se habrán actualizado en más de 6.776 euros (anuales), mientras que una pensión de 800 euros en el mismo periodo habrá incrementado en 1.918 euros al año, 4 veces menos. No olvidemos, que el 50% de los pensionistas con retribuciones más bajas suponen el 28% del gasto en pensiones mientras que el 20% de los pensionistas con mayor retribución supone casi el 40% del gasto en pensiones
Tercero, si hubiéramos seguido esta estrategia no solo nos hubiera permitido hacer más sostenible el sistema de pensiones en el futuro, sino que nos hubiera permitido liberar cerca de 5.000 millones en recursos para invertir en los que más lo necesitan y en mi opinión los jóvenes (los grandes olvidados). Es importante resaltar que esta medida hubiera supuesto un ahorro de carácter permanente. Entre las medidas que se podrían financiar con los recursos liberados de la Seguridad Social, hubiéramos podido incluir, entre otros:
Algunos pensarán que una cosa no quita la otra, que se puede financiar todo. No obstante, a la luz de la distribución del gasto, ninguno de los programas anteriores se ha considerado prioritario. Como pongo de relieve en mi último libro ('La Juventud Atracada', ed. Península) la demografía política provoca que tocar el colectivo de pensionistas sea muy sensible electoralmente. Pero creo que si se explica correctamente y los pensionistas con pensiones más altas observan como su generosidad se invierte de una forma transparente en los jóvenes para mejorarles su porvenir, apoyarían esta medida.
Un Nuevo Mecanismo de Revalorización de las Pensiones
A la luz de lo ocurrido, creo que es el momento de reformar el mecanismo de revalorización de las pensiones para evitar que nos pueda volver a ocurrir lo mismo en el futuro.
El Mecanismo de Revalorización de las pensiones, aprobado en 2021, establece que, a partir de 2022, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Este nuevo mecanismo se aprobó pensando en un escenario de estabilidad de precios similar al experimentado hasta el año 2021.
El Nuevo Mecanismo de Revalorización de las pensiones, debería ser reformado en las siguientes tres dimensiones:
Creemos que la política de revalorización llevada a cabo en los últimos tres años no ha sido justa como he tratado de argumentar en este artículo, pero más injusto seria no tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir. Y como se dice el refranero “nunca es tarde si la dicha es buena”.
