Pocos minutos después de la entrada en vigor de la tregua de 24 horas la tarde de este martes, Jartum volvía a ser escenario de explosiones y disparos. La violencia ha estallado de nuevo en los últimos días en Sudán y amenaza, una vez más, con suspender o, incluso, abortar definitivamente la transición a la democracia, emprendida tras el derrocamiento del dictador Omar Al Bashir en abril de 2019. Hace cuatro años, los militares tomaron el poder después de meses de protestas contra el presidente e inestabilidad en las calles del país y, desde entonces, han tutelado la errática transición marcada por una cada vez más enconada lucha por el poder.
Desde el primer momento, el Ejército demostró que, tras haber sacrificado a uno de los suyos por la presión popular, no iba a entregar tan fácilmente el poder a los civiles. En agosto de 2019, los dos generales que se disputan ahora el liderazgo de Sudán acordaron con los partidos opositores y grupos de la sociedad civil –los verdaderos protagonistas de la revuelta– compartir el poder y una hoja de ruta, hasta la celebración de elecciones.
Sin embargo, cuando llegó el momento de retirarse del principal órgano de poder transitorio, los uniformados disolvieron en octubre de 2021 el Gobierno civil encabezado por Abdalá Hamdok, un reputado tecnócrata que había logrado insuflar un poco de oxígeno a la moribunda economía sudanesa –obtuvo, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones estadounidenses impuestas en los años 90–. El ex primer ministro hizo un llamamiento a la calma el pasado sábado, cuando estallaron los combates en la capital entre las tropas regulares sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y advirtió del peligro de “ruptura” para el frágil país africano.
Los generales Abdelfattah Al Burhan, jefe del Ejército, y Mohamed Hamdan Dagalo, alias ‘Hemedti’, se aliaron para expulsar a Hamdok del poder, truncando así la transición a un sistema político civil. No era la primera vez que los uniformados obstaculizaban o ralentizaban el proceso democrático, pero el golpe militar conllevó las condenas de la comunidad internacional y la retirada o suspensión de los programas de ayuda por parte de Occidente y los organismos financieros. Los dos líderes se vieron entonces solos ante los retos socioeconómicos, con una inflación que en 2021 alcanzaba casi el 400% y una carestía de productos básicos. La situación no ha mejorado desde entonces y el sufrimiento de la población ha ido en aumento, mientras los dos se han responsabilizado mutuamente por los crecientes problemas del país.
En diciembre de 2022 y tras muchas presiones por parte de sus socios árabes, africanos y occidentales, Al Burhan y Hemedti se embarcaron en un nuevo proceso, que tendría que haber llevado a un gobierno civil, al cual fue asignada la difícil tarea de supervisar la formación de unas fuerzas armadas nacionales, con la inclusión de las FAR, un grupo paramilitar que antes de la revuelta respondía directamente a Al Bashir y desde 2019 solo se sometió durante un periodo de tiempo a la comandancia del Ejército.
La firma de un acuerdo definitivo fue pospuesta en dos ocasiones este mes de abril por las disputas entre Al Burhan y Hemedti, y las tensiones estallaron en choques armados tras el despliegue de fuerzas leales a cada uno de ellos en Jartum y los alrededores de la capital y se han extendido a otros puntos calientes del país, como la región conflictiva de Darfur, donde la milicia de la que nacieron las FAR protagonizó la cruenta guerra entre 2003 y 2008. Al menos 25 personas han fallecido en Darfur Norte, donde la ONG Médicos Sin Fronteras apoya el único hospital aún operativo en la zona, pero que se está quedando sin suministros y no puede atender ni trasladar a las decenas de heridos.
A pesar de que en diciembre de 2022 el general Dagalo se había comprometido a que sus hombres se integraran en el Ejército sudanés, finalmente no ha querido renunciar a su independencia y a la posibilidad de seguir lucrándose con la explotación de minas de oro y su comercialización, y el envío de mercenarios a las guerras de Yemen o Libia.
Varios informes de la ONU han denunciado en los pasados años la presencia de mercenarios sudaneses vinculados a las FAR en Libia y han señalado a Hemedti por infringir el embargo de armas impuesto a este país. Además, desde 2015 combatientes sudaneses han estado presentes en Yemen, incluidos muchos miembros de las FAR, tal y como han revelado medios de comunicación y denunciado ONG internacionales.
“Las condiciones del proceso de reforma del sector de seguridad estaban siendo negociadas por los civiles, el Ejército y las FAR en las semanas anteriores al estallido de la violencia. El Ejército y las FAR no lograron acordar un marco temporal para la integración de esas fuerzas en las regulares y el liderazgo del nuevo ejército unificado”, dice Shewit Woldemichael, analista sénior del International Crisis Group.
“Son los dos grupos más influyentes en Sudán y los principales rivales por mantener el poder político que, además, conlleva el control de grandes recursos económicos. Aparte, las FAR fueron empleadas por el expresidente para controlar el poder del Ejército, lo cual hace que los generales tengan resentimiento hacia el grupo paramilitar”, explica la experta en Sudán. Tras deshacerse de Al Bashir, “a los generales no les gustó que las FAR adquirieran más poder, político y económico, y la presión sobre Al Burhan para limitar el creciente poder de Hemedti ha ido en aumento (dentro del Ejército)".
Los dos líderes han contado con apoyos diferentes entre los países árabes y africanos, y han tejido alianzas políticas y económicas para garantizarse el respaldo de algunas potencias regionales y mundiales. Al Burhan se ha alineado con su homónimo egipcio, Abdelfattah Al Sisi, mientras que Hemedti es el protegido de Emiratos Árabes Unidos. El jefe del Ejército logró el favor de Washington al sumarse a los llamados Acuerdos de Abraham y normalizar sus relaciones con Israel, a pesar de la oposición de la opinión pública. Tanto EEUU como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí –estos últimos con grandes inversiones en Sudán–, y Estados vecinos, además de la Unión Africana, la Unión Europea y la ONU han pedido el cese inmediato de las hostilidades y la vuelta a la hoja de ruta establecida a finales de 2022.
“Todavía hay esperanza de que se reanuden las negociaciones para una transición si los dos bandos beligerantes acuerdan una desescalada (de la violencia)”, dice Woldemichael. Sin embargo, la analista destaca que ha quedado patente que “uno de los mayores retos será la reforma del sector de seguridad” y, por ello, “uno de los aspectos más cruciales de las negociaciones es garantizar que habrá una entrega completa del poder político por parte de los militares a un gobierno civil”.
Mientras, desde Jartum, la activista y periodista Kholood Khair ha advertido a través de su cuenta de Twitter de que la situación podría empeorar aún más: “Esta guerra entre los generales fue descrita como el peor de los escenarios. Eso fue hace cuatro días (el sábado 15 de abril). Ahora, el peor escenario es que los combates continúen y que los civiles se vean aún más envueltos en la batalla”.
Las ONG y agencias humanitarias ya alertan de la dramática situación que están viviendo los sudaneses en la capital y las zonas en las que se están produciendo duros enfrentamientos y ataques indiscriminados, donde se han visto atrapados sin suministros y sin la posibilidad de escapar u obtener auxilio. La mujer, presentadora de un programa de radio dirigido a los jóvenes –en el que habla de paz y justicia transicional, entre otros asuntos pendientes en Sudán– lamenta que “cuando a las dos partes no les importa nada más que la victoria absoluta, siempre hay otros escenarios peores”.
