Un informe del Ayuntamiento de Madrid puso en duda hace dos meses que el parking de la Castellana diseñado por el Ayuntamiento a petición del Real Madrid pudiera respetar la legalidad vigente. Lo advirtió el área de Desarrollo Urbano, que el pasado 15 de febrero emitió un informe avisando al departamento que aprobó el proyecto de obras –el área de Movilidad– que tendría que desarrollar un plan especial si quería legalizar toda la operación de los aparcamientos junto al estadio Santiago Bernabéu. Un texto que fue corregido cinco días después, explican fuentes municipales.
El informe, al que ha tenido acceso Somos Madrid, advertía de la "incompatibilidad" del proyecto "con el planeamiento vigente", debido a los cambios sustanciales en la movilidad que iba a provocar la irrupción de dos aparcamientos con cerca de 2.000 plazas. En concreto explicaba que el tráfico que generarán los 1.091 estacionamientos del parking de la Castellana no tenían cabida en el plan especial aprobado en el año 2017, que es el que rige todas las actuaciones en el ámbito.
Aquel plan especial, que vio la luz durante el mandato de Manuela Carmena, primaba los modos de acceso sostenible al estadio. Para ello, establecía que la ordenación debía "potenciar el carácter estancial y peatonal del ámbito al servicio de los ciudadanos, frente a la ocupación del vehículo", explicaba un extracto del citado informe del área de Desarrollo Urbano. El texto del área que dirige Mariano Fuentes (Ciudadanos) recomendaba al departamento de Carabante que tramite un nuevo plan especial que incluyera nuevas "motivaciones de ordenación" e incorporara más datos sobre el diagnóstico de la movilidad.
El informe municipal advertía al área de Movilidad, dirigida por Borja Carabante (PP), que el plan en vigor "reafirma la necesidad de favorecer el transporte colectivo público y no incrementar los aparcamientos para el vehículo privado", debido a la amplia cobertura de transporte público existente. También apuntaba que el plan especial limitaba "el uso del vehículo privado en favor de la utilización de los medios de transporte público, con el objetivo de alejar el coche privado de los núcleos de concentración".
Por otro lado, el informe del Ayuntamiento de Madrid explicaba que el plan aprobado por Carmena constataba "la suficiencia de aparcamientos existentes", advirtiendo que la zona azul tiene una ocupación media del 65%, que bajo la antigua Esquina del Bernabéu ya cuenta con un parking de 550 plazas y que existen otras 1.200 plazas distribuidas en seis aparcamientos de residentes en régimen mixto, además de 4.000 adicionales en cinco parkings privados.
El informe que ponía en duda la operación de los parkings junto al Bernabéu fue firmado por el director general de Planeamiento en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Hernández Morales, el 15 de febrero de 2023. Pero el 17 de febrero se le pedían aclaraciones desde la Subdirección General de Control de la Edificación, también dependiente de Desarrollo Urbano. Y Planeamiento contestaba el 20 de febrero con un segundo informe, cinco días después del primero. En él, y siempre según la versión municipal, señalaba que “no existe disconformidad entre las actuaciones planteadas y el planeamiento de aplicación”, explican fuentes del área de Movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid descartó el primer informe, que consideraba "extemporáneo" (había sido solicitado en junio de 2022), e incorporó el segundo al expediente oficial. La validez legal de la operación quedó confirmada el 3 de marzo, según las mismas fuentes, cuando un informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos solicitado por el área de Movilidad daba por válidos otros dos informes favorables emitidos en septiembre de 2022 por este organismo, que depende del área de Obras (con Paloma Romero –PP– al frente). El consistorio indica que este informe emitido en su día “es válido, en tiempo y forma”.
"Los informes de la Oficina de Colaboración Público Privada, la Asesoría Jurídica y la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid corroboran la legalidad de todo el expediente", añaden las fuentes municipales.
Los aparcamientos previstos por el Ayuntamiento de Madrid junto al estadio Santiago Bernabéu son dos: uno irá bajo la calle Padre Damián (con 617 plazas y un túnel extra de paso) y otro junto a la Castellana (1.299 plazas). Su explotación será por concesión de obra y el equipo de Almeida está pendiente de privatizar su gestión a una empresa durante los próximos 40 años. Lo hará, previsiblemente, en las próximas semanas.
El consistorio calcula que la concesionaria podrá facturar 561 millones de euros a lo largo de ese periodo, principalmente gracias a comercializar las plazas de aparcamiento de rotación, aunque también al aparcamiento de buses, el alquiler de una plataforma logística y los eventos que organice sobre 20.000 metros cuadrados de plaza pública, que también será privatizada durante las cuatro décadas de concesión.
Este espacio abierto era definido por el plan especial de 2017 como "una gran plaza urbana y vecinal" que debe convertirse en "una superficie peatonal en continuidad", un "remanso estancial por su dimensión y ausencia de obstáculos, protegido mediante colchones vegetales frente a la calzada central de la Castellana, como lugar de encuentro y esparcimiento de los ciudadanos".
Los aparcamientos previstos por el equipo de Almeida a solicitud del club de Florentino Pérez han obtenido también objeciones de vecinos de la zona, que están en contra de unas nuevas obras por las que ven peligrar sus casas y temen un importante cambio de la movilidad. Aunque el delegado de Movilidad aseguró que esta semana mantendría una "reunión técnica" con ellos, las personas opositoras están valorando recurrir a los tribunales para intentar parar la adjudicación de la obra, según fuentes consultadas por Somos Madrid.
Al igual que los vecinos, los partidos de la oposición tampoco bendicen esta operación. Más Madrid se ha posicionado en contra desde que se conoció y la califica de “pelotazo” que “atenta contra la salud de las personas, la movilidad y el medio ambiente de nuestra ciudad”. Su portavoz, Eduardo Rubiño, se quejaba hace unos días de la “falta de transparencia” en todo el proceso y alerta de que atraerá a más coches al centro de Madrid, provocando “más humos, más ruido y más contaminación”.
