El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler social –medida aprobada este martes en el Consejo de Ministros– fue tan celebrado como sorprendente para los socios del PSOE en la coalición y en el Congreso. Se trata de una reclamación histórica de la izquierda desde la creación de la sociedad en 2012, durante el mandato de Mariano Rajoy, para dar salida a los activos tóxicos de los bancos rescatados. Pero la postura de los socialistas ha oscilado en los últimos años hasta acabar dando el impulso definitivo a la medida a las puertas de las autonómicas y municipales de mayo.
La primera vez que llegó al Congreso, la propuesta de convertir el denominado 'banco malo' en un parque público de vivienda fue de Izquierda Unida, a los pocos meses de la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que acabaría haciendo pública una deuda aproximada de 35.000 millones de euros procedente de los bancos.
"Se trata de aprovechar el momento actual para poner a disposición de la gente con menos recursos el parque de viviendas vacías", defendió desde la tribuna el entonces diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural y hoy ministro de Consumo, Alberto Garzón. En la propuesta también se instaba al Ejecutivo a establecer, en las entidades que reciban ayuda pública y en particular en Bankia, la dación en pago y el alquiler social como soluciones para las familias que, como consecuencia de la crisis, no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias. Fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.
Años después, la demanda fue heredada por Podemos. En su programa electoral de 2019, los de Pablo Iglesias ya se presentaron a las elecciones generales con la promesa de "auditar los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público para incorporar a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb". Una iniciativa que el grupo parlamentario de Unidas Podemos también llevó al Congreso hace solo seis meses.
Tras la orden de Bruselas de nacionalizar la Sareb y asumir, por tanto, la deuda de 35.000 millones de euros, la izquierda volvió a intentarlo. El pasado mes de septiembre el grupo confederal de Unidas Podemos registró una propuesta para "poner a la Sareb al servicio del interés general". "Si se convierte en una sociedad pública, las viviendas, también", defendió la diputada Pilar Garrido.
Aunque la iniciativa tuvo el respaldo de socios parlamentarios como ERC o EH Bildu, fue tumbada por el rechazo de las derechas pero también del PSOE. "La Sareb no es el principal instrumento público para desarrollar políticas de vivienda. Ni siquiera es un instrumento para ello”, sostuvo entonces el diputado socialista Víctor Valentín Píriz. Según fuentes gubernamentales de Unidas Podemos, los de Ione Belarra también intentaron incluir la conversión del banco malo en parque público durante la negociación de vivienda, algo que no aceptaron los socialistas.
Durante la exposición de la medida en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió la actuación del Gobierno con la Sareb al recordar que fue "en la primavera de 2022 cuando tomamos el control de la sociedad y es en ese momento cuando iniciamos una gestión de maximización del valor económico y social de los activos de la Sareb". "Desde que llegamos al Gobierno hemos puesto en marcha numerosas iniciativas para reconstituir el parque público de vivienda desmontado por los gobiernos anteriores", dijo Calviño.
"Nos queremos felicitar por que el PSOE haya hecho suya otra propuesta de Podemos como es poner 50.000 viviendas de la Sareb a disposición de planes de alquiler social", dijo el diputado del grupo confederal Javier Sánchez Serna este martes en el Congreso, antes de lanzar una crítica a su socio: "No entendemos que el PSOE haya esperado dos años solamente por una cuestión de táctica electoral".
En la misma línea recibieron el anuncio de Pedro Sánchez los grupos parlamentarios de EH Bildu y ERC, que 48 horas antes habían salido a anunciar públicamente un acuerdo para aprobar la ley de vivienda sin esa medida. "El PSOE siempre había dicho que no, es triste entender así la política pero bienvenido sea este anuncio aunque llegue tarde", respondió la diputada independentista vasca Mertxe Aizpurua tras la reunión de la Junta de Portavoces de este martes. "Quizás estaría bien que hubiese elecciones cada año para que el PSOE tome decisiones que durante la legislatura se ha negado a tomar", añadió.
Mientras, desde el PP descalifican la iniciativa del Gobierno porque aseguran que no ven útil sacar al mercado las viviendas que atesora la Sareb y la apuesta pasa por construir otras nuevas, así como conceder avales públicos para la compra y el alquiler a "los jóvenes".
"Pedro Sánchez lleva cinco años de presidente del Gobierno”, aseguró el portavoz del partido, Borja Sémper, tras reprochar al jefe del Ejecutivo un anuncio que calificó como una "burla" tras explicar que "el 60%" de las viviendas del llamado 'banco malo' "está en lugares donde potencialmente no hay demanda". Así, el PP considera que la Sareb (puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy) cumplió una función "fundamental e importantísima", aunque señalan que Sánchez "desconoce cuál es el parque de viviendas" de la Sareb o miente sobre él. "Probablemente ninguna de las viviendas de Sareb están en Malasaña o zonas caras. Esto hay que contárselo a la gente", añadió Sémper.
