Desde hace años, la Comunidad de Madrid es la mayor receptora de Inversión Extranjera Directa (IED) de entre las CCAA españolas. Este hecho, utilizado por el Gobierno regional como elemento para medir su éxito económico, tiene, sin embargo, un impacto muy débil sobre el modelo productivo de la región.
Madrid concentra operaciones de empresas cuyo objeto no es la actividad productiva, sino la optimización fiscal de sus beneficios y la especulación financiera de grandes patrimonios. Movimientos que se atribuyen a la región por estar en ella la sede corporativa de las empresas que originan estos flujos, incluso cuando sus actividades productivas se realizan en otras CCAA. Además, en nuestra región destaca especialmente el peso de la IED recibida a través de Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), sociedades cuyo principal objeto es la elusión fiscal.
Como consecuencia de estos factores, el peso de la inversión extranjera en el porcentaje del PIB no es un indicador fiable de las fortalezas de la economía madrileña. Por el contrario, es el reflejo de las debilidades del modelo impulsado por la Comunidad de Madrid: un patrón de desarrollo estrechamente ligado a su capitalidad y a medidas regresivas como su baja fiscalidad para rentas altas y grandes fortunas. Un modelo con claras debilidades, toda vez que muchas de las sedes corporativas instaladas no tienen un anclaje en el tejido productivo regional y, como demuestra el caso Ferrovial, pueden mover sus sedes con igual facilidad cuando les conviene por motivos financieros o fiscales.
El pasado 28 de febrero, Comisiones Obreras de Madrid presentó el informe El impacto de la Inversión Extranjera (IED) en la Comunidad de Madrid, que pone de manifiesto un dato de gran relevancia: Madrid destaca por generar sólo el 30% del empleo ligado a la IED, a pesar de recibir más del 70% de la misma, lo que indica el carácter ficticio o meramente contable de buena parte de la inversión recibida. Otros indicadores, como los relativos a las inversiones en capital productivo, apuntan en la misma dirección.
Para la mayoría de la población, ni el empleo ni la actividad de Madrid mejoran por este sistema de atracción de la inversión extranjera, ya que en la mayor parte de los casos no tiene ningún impacto sobre la productividad del trabajo o sobre la creación de nuevas fábricas o instalaciones.
Es por ello que medidas como el anuncio de una nueva deducción en el IRPF para grandes inversores extranjeros, que supone regalar 245 millones de euros al años para subvencionar la especulación inmobiliaria y financiera de las grandes fortunas que vengan a instalarse a la región, suponen ahondar en un modelo caduco y regresivo.
Hay que apostar por una fiscalidad más justa, que no compita con otras regiones españoles por las ventajas ofrecidas a los ricos. Y que sirva para financiar medidas económicas que atraigan la inversión productiva y transformen la economía madrileña.
Hay que desarrollar el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, del que no se ha ejecutado ni un 30% de lo comprometido, así como un aumento significativo de la inversión pública en I+D+I, duplicando al menos los niveles actuales.
Y se necesita una visión coherente de la inversión pública, que fomente las inversiones relacionadas con las transiciones verde y digital y tenga en cuenta la necesidad de crear vínculos entre los distintos sectores productivos presentes en la Comunidad de Madrid y los centros de conocimiento e innovación regionales.
En definitiva, estimular un modelo productivo más equilibrado basado en una fiscalidad justa. Esto nos permitirá atraer flujos de inversión con carácter productivo y que generen valor añadido, especialmente en aquellos sectores más innovadores y tecnológicos. Este nuevo modelo económico para Madrid debe sustentarse sobre un tejido productivo eficiente, avanzado tecnológicamente, sostenible medioambientalmente y generador de empleo de calidad frente a las políticas neoliberales del Gobierno regional.
