Campo y Díez han decidido apartarse de varios asuntos, mientras que Vox les ha recusado junto a otros dos magistrados
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El nuevo Tribunal Constitucional (TC) celebrará a partir de este martes su primer Pleno jurisdiccional, que va cargado de asuntos. Así, abordará las abstenciones de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez y las recusaciones de Vox contra ellos y sus compañeros María Luisa Segoviano y Cándido Conde-Pumpido, además de estudiar la admisión a trámite del recurso de los de Santiago Abascal contra la conocida como 'ley del solo sí es sí'.
Según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, Campo y Díez comunicaron su decisión de abstenerse ante el orden del día del Pleno que arrancará este martes, ya que incluye entre sus asuntos la impugnación de Vox de la ley de libertad y garantía sexual, las de este partido y el PP por la votación de la reforma laboral, y uno relacionado con la imposición del 25% de castellano en las aulas catalanas.
Díez, ex alto cargo de Moncloa, optó por apartarse porque el Pleno abordará un recurso de Omnium Cultural contra la decisión del TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el Constitucional revise la ley aprobada por el Govern que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano.
No obstante, las fuentes indican que, una vez ratificada su abstención en el Pleno respecto a la impugnación de Omnium Cultural --ponencia del magistrado Ricardo Enríquez--, ésta se extenderá a la ponencia sobre los recursos de Partido Popular y Ciudadanos contra la ley catalana, que recayó sobre Díaz al heredar toda la cartera de asuntos del ya ex magistrado del TC Antonio Narváez.
La razón de la abstención de Díez es que firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.
En cuanto a Campo, ha optado por no participar en las deliberaciones sobre la admisión o no a trámite del recurso de Vox contra la 'ley del solo sí es sí' --ponencia de Ramón Sáez-- porque cuando el Gobierno la elaboró aún era ministro de Justicia.
También se ha apartado de la discusión sobre una serie de requerimientos de información --ponencia también de Ramón Sáez-- relacionados con los recursos lanzados por el diputado 'popular' Alberto Casero, el PP y Vox contra la votación de la reforma laboral porque se dirigen contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, actual pareja de Campo.
Los recurrentes combaten la decisión de Batet de no permitir que Casero votara presencialmente después de que emitiera un 'sí' telemáticamente, voto que fue clave para que la reforma laboral quedara aprobada el 3 de febrero de 2022, y que los letrados del Congreso de los Diputados concluyeron que se debió a un error humano, no a un fallo del sistema de votación a distancia.
Cabe recordar que, tras salir del Ministerio de Justicia y ocupar su plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Campo también tuvo que abstenerse de participar en decisiones relacionadas con causas vinculadas a partidos políticos, como las piezas del 'caso Villarejo' conocidas como 'Dina' y 'Kitchen'.
RECUSACIONES DE VOX
Además, el Pleno del TC abordará las recusaciones formuladas por Vox contra estos dos magistrados, su compañera María Luisa Segoviano y el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para evitar que formen parte de las deliberaciones relativas al recurso presentado por el partido político contra la reforma penal que ha derogado la sedición y modificado la malversación.
Vox apuntó a Campo por su relación con Batet y sus anteriores cargos como ministro de Justicia y diputado socialista, al considerar que podría "tener interés directo o indirecto" por ser una ley "que sus ex compañeros del grupo parlamentario han aprobado".
En relación a Díez, el partido la señaló por haber "participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, debido a su condición de alto cargo en el Ministerio de Presidencia y ser personal de confianza del ministro Félix Bolaños".
Sobre Segoviano, mencionó sus declaraciones "mientras era magistrada emérita del Tribunal Supremo". En concreto, cuando ésta se refirió a la autodeterminación en los siguientes términos: "Ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar".
Por último, de Conde-Pumpido destacó su "especial vinculación con el partido de Gobierno" y por "haber sido defensor o representante de alguna de las partes o intervenir en un pleito como fiscal".
Fuentes de la corte de garantías ven la necesidad de que el TC proteja su jurisdicción frente a las recusaciones lanzadas por Vox. Así, explican que al cuestionar a 4 de los 11 magistrados que forman el tribunal se imposibilita que el Pleno en el que en su día se estudie ese asunto se forme con el mínimo de 8 magistrados que exige la ley.
A ello las fuentes añaden que, las recusaciones contra magistrados del Constitucional deben estar especialmente fundamentadas, ya que este tribunal no cuenta con mecanismos para sustituir a sus miembros.
OTROS ASUNTOS
Por otro lado, el TC estudiará la admisión del recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 12 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica la destinada a "afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda", con María Luisa Balaguer como ponente.
Este precepto impone la "obligación" de "ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales", como las de desahucio, por reclamaciones de deuda.
Ya en primera deliberación, la corte de garantías analizará otro recurso de Vox contra el artículo 2 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022 de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero, de cuya ponencia se ocupa igualmente Sáez.
El artículo impugnado modifica el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente para las "actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica" e indica que "el aumento de recaudación que se verifique por la diferencia entre los tipos de gravamen" nuevos y viejos "queda afectado a la financiación de actuaciones de transición energética".
