Una jueza federal del sur de la Florida ordenó a cuatro líneas de cruceros basadas en ese estado, y que incluyeron a Cuba en sus itinerarios, pagar más de $400 millones por supuestos daños a la empresa estadounidense que tenía la concesión para explotar algunos de los muelles del puerto de La Habana antes del triunfo de la Revolución y que fue legalmente expropiada en el proceso de nacionalizaciones de 1960.
