El Gobierno de Dina Boluarte no encuentra la forma de acabar con las protestas que han paralizado el país a las puertas de las fiestas de fin de año, y mientras se espera que el Congreso apruebe las leyes que adelanten las elecciones para finales de 2023. Este jueves, manifestantes de 17 de los 24 departamentos del país andino desafiaron abiertamente el estado de emergencia decretado por el Gobierno durante 30 días, y que suspende la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad de domicilio. Las Fuerzas Armadas deben además salir a patrullar a las calles para ayudar a la policía a controlar el estallido social. En Ayacucho, los manifestantes atravesaron una cadena de miembros del ejército y entraron a la plaza de Armas donde permanecieron todo el día protestando. En la plaza San Martín, en Lima, un contingente de policías acompañó a la central sindical, organizaciones de estudiantes y otros seguidores del expresidente Castillo que forman parte de un sindicato de profesores. Noticia Relacionada estandar No Perú declara el estado de emergencia nacional para intentar frenar las protestas Paola Ugaz Boluarte cede ante la indignación social y plantea adelantar las elecciones a 2023 Las clases en los colegios fueron suspendidas hasta nuevo aviso, los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Puno y Apurímac permanecen cerrados y el turismo está paralizado en el sur del país. En Cuzco, están varados decenas de turistas de Colombia, México, España, Estados Unidos, Argentina y Reino Unido, quienes visitaban la ciudadela inca de Machu Picchu. Adelanto electoral Este jueves también se celebró un pleno en el Congreso para adelantar las elecciones generales, pero las ásperas discusiones entre las bancadas de derecha e izquierda impidieron una fumata blanca al cierre de esta edición. El presidente del Congreso, José Williams, anunció que la legislatura seguirá hasta el 28 de febrero del 2023. También indicó que el debate de adelanto de elecciones no se votaría ayer, lo que molestó a congresistas de izquierdas como Sigrid Bazan y Ruth Luque. Según la socióloga y excongresista, Marisa Glave , frente a los que querían que el presidente se marchara, «tenía el 86 por ciento de impopularidad», hay un grupo «más pequeño que consideraba que Castillo «fue destituido de modo injusto». «Siete de cada diez peruanos creen que la justicia no existe y no es igual para todos y todas», dijo ayer Glave, al tiempo que agregó que «el 83 por ciento de la sociedad peruana cree que los funcionarios públicos están para beneficiar los intereses de los empresarios». «Somos una sociedad sobreviviente. Estamos en una sociedad donde el Estado no te garantiza ni educación ni salud. Si los políticos no escuchan a la calle ahora, seremos testigos de una debacle», sentencia Glave. Este jueves, a partir de las cinco de la tarde (once de la noche en España) estaba previsto que se retomará la audiencia donde el juez Juan Carlos Checkley debía evaluar la petición de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Castillo. A la audiencia no asistió Castillo ni sus abogados defensores, que consideran que no se respetan sus derechos. La Fiscalía sostiene que el exmandatario, acusado de rebelión, se fugará del país en caso de ser liberado. Para la Fiscalía, el elemento clave contra Castillo es el asilo político que le ofreció el Gobierno de México a Castillo y a su familia tras disolver el Congreso, la semana pasada. El mandatario fue detenido cuando se dirigía en su coche a la legación. Mientras tanto en el exterior del país, la presidenta Dina Boluarte se enfrenta una situación inédita: los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México no reconocen su legitimidad y han pedido de modo conjunto que se libere al expresidente al considerar que fue destituido injustamente. Muy diferente ha sido la respuesta de los presidentes de Chile y de Paraguay, pues tanto Gabriel Boric y como Mario Abdo saludaron el nombramiento de la sucesora de Castillo y le enviaron parabienes a su gestión.
