Encargado de taller mecánico y contralor de equipos habrían simulado la reparación de 477 vehículos de la Policía de Tránsito entre el 2014 y el 2016
Dos funcionarios a cargo de los vehículos de la Policía de Tránsito habrían desviado ¢632 millones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con facturas por servicios de reparación de motocicletas que nunca se brindaron.
El fraude lo habrían cometido entre febrero del 2014 y finales del 2016. Uno de ellos fungía como encargado del taller mecánico de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) y el otro como contralor de equipo de la misma dependencia. Ambos se pensionaron poco tiempo después, asegura el informe de la investigación que hizo un Órgano Director del MOPT.
Luego de detectar el presunto acto de corrupción, el MOPT inició procedimientos administrativos contra ambos, en octubre del 2019, para establecer responsabilidades. No obstante, errores en el trámite han impedido que el caso avance.
Dos veces se programaron las audiencias orales en las que se pretendía escuchar el testimonio de los investigados, primero en setiembre del 2020 y luego, en junio de este año, pero ninguna se realizó. El tercer intento está agendado para la última semana de febrero del 2023 y los detalles fueron publicados por el MOPT en el diario oficial La Gaceta.
A Rafael Mora González, de 72 años, el MOPT le cobra $618.515 (¢392 millones). Él fue encargado del taller mecánico de la DGPT hasta el 1.° de marzo del 2016, cuando se jubiló. En la investigación interna se determinó que el daño a la Hacienda Pública lo generó al firmar facturas por entrega de repuestos y certificar la calidad de trabajos de reparación de motocicletas que, aparentemente, no se realizaron.
El otro investigado es Mario Arroyo Álvarez, excontralor de equipo de la DGPT, de 61 años, jubilado desde setiembre del 2017. A él el MOPT le reclama $730.890 (unos ¢463 millones), por supuestamente firmar documentos cuya emisión no le correspondía, inicialmente en supuesta complicidad con Mora González y después, por cuenta propia.
Este medio intentó contactar a los dos exfuncionarios para solicitarles su versión de los hechos; no obstante, no fue posible localizarlos en los números de teléfono registrados a sus nombres.
En apariencia, Arroyo Álvarez inició 347 trámites ficticios de reparación de vehículos, sin contar con la autorización que requería del Departamento Administrativo de la DGPT. El MOPT estima que los dos exempleados habrían simulado la reparación de 477 motocicletas en un periodo de menos de dos años.
Así lo detalla la edición del 18 de octubre del diario oficial La Gaceta, en la cual se publicó la nueva convocatoria a las comparecencias de los investigados.
La semana pasada se dictó, por tercera vez, los actos de apertura de los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Civil en los que se determinará si Arroyo y Mora deben pagar los ¢632 millones que en apariencia desviaron.
Esas gestiones salieron publicadas en varias ediciones de La Gaceta, donde se detallaron los incumplimientos que se les atribuyen, así como el curso que han tomado los procesos disciplinarios.
A Arroyo y a Mora, Obras Públicas y Transportes les endilga “hechos fraudulentos en la reparación de motocicletas, ausencia de supervisión y eventual negligencia en la ejecución de funciones”.
Además de supuestamente firmar las facturas fraudulentas, Mora habría incumplido el llenado de formularios para la solicitud de cotizaciones y de constancia de calidad de los trabajos contratados. Por su parte, Arroyo aparentemente se atribuyó potestades ajenas a su puesto, incluyendo la emisión de documentos que “debían contar con la firma del representante del Taller Calderón H. D.”, según se consignó en el diario oficial.
Cuando trascendieron las irregularidades, ambos funcionarios presentaron documentos con el fin de acreditar las reparaciones ficticias de las motocicletas de la Policía de Tránsito, pero los registros de los equipos no consignan ningún arreglo, y operarios entrevistados confirmaron que los vehículos nunca se restauraron.
La convocatoria a la audiencia oral y privada no especifica qué ocurrió con los ¢632 millones que los exempleados habrían sustraído, ni indica si personas externas al MOPT participaron en el fraude. La Nación envió consultas al MOPT sobre el caso, pero al cierre de este artículo no se recibió una respuesta.
En las dos ocasiones anteriores, los notificadores del MOPT no pudieron informarles personalmente a los investigados sobre los procesos en su contra, pues ninguno de los dos se encontró en el domicilio registrado, y Mora González colgó la llamada cuando lo intentaron localizar por teléfono.
Aunque la notificación se terminó realizando por medio de publicaciones en La Gaceta, las audiencias no se realizaron, y en setiembre del 2021, el despacho del entonces ministro Rodolfo Méndez Mata anuló las actuaciones emitidas por el órgano director.
El segundo intento por realizar las audiencias se dictó en marzo de este año, pero los investigados también evadieron la notificación personal. La gestión tuvo que dejarse sin efecto nuevamente, pues las notificaciones en La Gaceta se publicaron menos de 15 días antes de la fecha prevista para las audiencias.
Según la programación vigente, anunciada en el diario oficial, ahora Arroyo deberá comparecer el miércoles 22 de febrero del 2023, y Mora el día siguiente.
