Los acusados de la desviación de dinero público de la Universidad Complutense de Madrid a una supuesta caja B sostienen que no han cometido ningún delito. Sus defensas han señalado la “situación anárquica” y el “desorden financiero” en la gestión de la cuentas del campus madrileño durante los años en los que se produjeron los hechos investigados (1995 y 2003) para evitar la acusación de malversación de dinero público por la que la Fiscalía les requiere entre cuatro y seis años de cárcel.
La mayor parte de los fondos provenían de la gestión de varios colegios mayores vinculados al campus madrileño y, según el cálculo realizado por el Ministerio Público, la cantidad que se podría haber malversado supera los cuatro millones de euros. En el centro de esa gestión la fiscal sitúa al exgerente de la Complutense, Dionisio Ramos, al que solicita 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por malversar presuntamente 1,4 millones de euros.
Junto a él se sientan también en el banquillo otras seis personas: cargos de la Universidad, administradores de colegios mayores y tres antiguos alumnos que en el momento de los hechos eran subdirectores de residencias universitarias. Se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre cuatro a seis años de cárcel.
La Abogacía del Estado ha reseñado que se están enjuiciando actuaciones que intentaban “conseguir que dinero público pasase a manos privadas de manera ilegal”. Entre las cantidades analizadas por la Fiscalía, han detectado ingresos en la cuenta investigada que respondían a varios conceptos: fondos procedentes de la ocupación de los colegios mayores en los cursos de verano, talones al portador, transferencias de la Fundación General de la Universidad Complutense, así como dinero en efectivo o mediante giro postal procedentes de la reserva de plaza de colegios mayores.
El juicio se celebra con un jurado popular y este martes ha arrancado la vista oral. Allí los abogados de los denunciados han tratado de desmontar las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que representa a la Complutense, indicando que la Universidad arrastraba “debilidades de control” desde los años 70. "La gestión de los colegios mayores se ajustó a las normas de la Complutense de aquel entonces", ha apuntado el letrado que representa al exgerente de la Universidad.
El primero en intervenir, y el único acusado que ha tomado la palabra este martes, ha sido Ramos. En su declaración, el exgerente de la Complutense ha asegurado que “desconocía” la cuenta en la que se gestionaba la presunta caja B señalada por la Fiscalía. “Cuando empezó el procedimiento no sabía de qué me estaban hablando”, ha apuntado el acusado. Y ha añadido: “Me estuvieron hablando durante dos años de una cuenta que desconocía”.
El Ministerio Público sostiene que la cuenta –cuyos movimientos se están analizando en el juicio– era desconocida para la intervención de la Complutense y servía para realizar “un manejo injustificado” de fondos del campus. Sin embargo, Ramos ha negado esta acusación y ha asegurado que “por supuesto” la Universidad tenía conocimiento de la cuenta a través de los movimientos bancario de su fundación general y los colegios mayores.
Preguntado sobre si considera que la gestión de esa cuenta se podría asemejar a un funcionamiento de una caja B, Ramos también se ha desmarcado de esa valoración. "No hay ni un solo dato" que lo demuestre, ha sostenido. Asimismo, ha añadido que si hay dudas es “porque la universidad nunca envió la documentación” necesaria para desmontar esa tesis. Por lo tanto, achaca a la gestión del campus que se mantenga actualmente esa acusación.
En su escrito, la Fiscalía sostiene que Ramos recibió en tres ocasiones, entre junio y julio de 1999, dinero en efectivo por un importe total de 5.100 euros “que incorporó a su patrimonio”. “Es falso. No puede ser, es imposible”, ha aseverado el exgerente de la UCM ante el jurado popular que enjuiciará los hechos por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Según ha expuesto, las disposiciones apuntadas por la Fiscalía son “anticipos de tesorería” en las que figura su nombre porque él autorizó ese movimiento.
El nombre de Ramos estuvo vinculado a otra polémica universitaria, el máster de Cristina Cifuentes, con la que ha mantenido una relación de amistad. De hecho, la idea de la expresidenta de la Comunidad de Madrid de inscribirse en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que acabó con su carrera política fue de Ramos, tal y como reconoció Cifuentes a la jueza que investigó la falsificación documental que permitió a la ex política obtener ese posgrado.
El ex gerente de la Complutense también figuraba entre los alumnos que se matricularon en el máster y que aprobaron asignaturas con actas falsificadas, según desveló esta redacción. Este título ha desaparecido de su currículum académico en el repaso de su formación que ha realizado este martes ante el jurado. En su intervención, ha relatado que es licenciado en Derecho y que ha realizado “cursos de doctorado”, aunque por el momento no ha obtenido este posgrado.
La fiscal ha centrado parte de su interrogatorio en aclarar si la “administración pública puede funcionar con cheques al portador”, ya que según ha señalado la representante del Ministerio Público existía una disposición que establecía como norma hacer transferencias bancarias o cheques nominativos. “Le aseguro que no existía. En toda la universidad se hacía igual y nunca vi un reparo de la intervención [universitaria] por este motivo”, ha indicado.
El procedimiento se ha ido alargando más de una década. Han pasado 16 años desde que la justicia comenzó a investigar estos hechos y las defensas de los acusados han definido este periodo como un “calvario judicial”. Además, han culpado a la Complutense, que ejerce la acusación particular, de demorar la entrega de documentación y, en otros casos, de no llegar a facilitarla.
