El fallido proceso constituyente aproxima a Chile a una delicada etapa de ingobernabilidad, porque los dos plebiscitos constitucionales efectuados descalifican a todo el liderazgo político de ese país.
La primera de esas consultas, el 25 de noviembre de 2020, se pronunció por la sustitución de la mal llamada Constitución de Pinochet y aprobó que una Convención electa por el pueblo elaborara y propusiera el nuevo proyecto constitucional.
Ante el desmoronamiento de los partidos tradicionales, ese organismo terminó siendo controlado ampliamente por la izquierda marxista, la cual se abocó a redactar su anhelada Carta Magna igualitaria y plurinacional.
En medio de la generalizada tendencia aparentemente favorable a los cambios más profundos, Gabriel Boric fue electo presidente de la república para el período 2022-2026, derrotando al candidato de la derecha, José Antonio Kast. Boric obtuvo el 55.87% de los votos frente al 44.13% de Kast.
Hasta aquí todo parecía anunciar el comienzo de una era diferente y la entrada en escena de una generación que asumió el poder decidida a cambiar radicalmente la historia de Chile.
Sin embargo, a pocos meses de su ascenso a la presidencia, el recién electo mandatario se desgasta dramáticamente, y por abrumadora mayoría el segundo plebiscito, realizado el pasado 4 de septiembre, rechaza su proyecto constitucional con un 62% de votos que lo niega frente al 38,13 que lo aprueba.
El nuevo ocupante del Palacio de La Moneda es en la historia de su país el presidente más joven, el segundo presidente marxista, y el tercero con el porcentaje más alto de votos después de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Eduardo Frei Montalva, respectivamente.
Pero también es el presidente que más rápidamente ha sufrido tan brusco rechazo a su gestión.
En abril, CADEMUS una de las más prestigiosas encuestadoras del país, informa que el 36% la respalda mientras el 53% la desaprueba. La misma encuesta indica entonces que en los grupos populares la evaluación adversa llega al 61%. Y finalmente esta medición negativa coincide con el rechazo al proyecto constitucional propuesto por una Convención identificada plenamente con el proyecto político del presidente.
Con estos resultados se pone de relieve la desconexión existente entre las verdaderas demandas del país y los intereses sectarios que pugnan por el poder desde los distintos espacios partidistas.
La ciudadanía rechaza la Constitución de 1980 al considerarla de origen ilegítimo y la expresión de un modelo de sociedad injusto; pero con mayor contundencia desaprueba el texto que propone la Convención Constitucional porque conduce a la atomización del país, a la disolución de la identidad nacional, y a la exacerbación de rencores ancestrales propicios para el caos y la violencia.
Ahora a Chile, en estas difíciles circunstancias, le toca enfrentar uno de los momentos más complejos de su vida democrática, y en ese empeño el presidente debe buscar ante todo la estabilidad de su frágil gobierno, y renunciar al espejismo del quimérico proyecto socialista que ha sido rechazado por sus compatriotas. Mientras, a una oposición desgastada y dividida le corresponde ofrecer su concurso para crear consensos institucionales destinados a combatir la crisis económica y social, que a juicio de la CEPAL es una de la peores en la historia del país.
Esa crisis se manifiesta en la merma de las remuneraciones y del dinero circulante, en la reducción en las importaciones de bienes de consumo y en la caída de la inversión, que disminuirá aún más en el 2023, según informes del Banco Central.
La inflación, que era un fenómeno desconocido para los chilenos nacidos en democracia, se encuentra en su nivel más alto de los últimos 28 años, de acuerdo con los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas.
Las mafias organizadas y el narcotráfico han hecho asimismo acto de presencia; las estadísticas policiales indican un aumento del 150% en las incautaciones de drogas el pasado año, y ahora la delincuencia es considerada la principal preocupación del 52% de los chilenos encuestados por la empresa Ipsos. Esas mismas estadísticas muestran un alarmante aumento en el índice de homicidios y robos con violencia.
La gente tiene una percepción negativa del país, de acuerdo a la más reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Para el 58% de los encuestados la situación es mala, y el 42% piensa que el próximo año empeorará. Y el Banco Central advierte que Chile entrará en recesión económica en los próximos meses.
Y como hemos visto, al final del proceso constituyente su resultado es contrario a las expectativas de la ciudadanía que cifró sus esperanzas en las consultas plebiscitarias. Esas consultas deslegitimaron la Constitución que sigue vigente, rechazaron la propuesta constitucional del actual gobierno y retiraron su confianza a quien hace apenas seis meses llevaron a la presidencia de la república-.
Hoy Gabriel Boric, sus jóvenes ministros y la novel burocracia que le acompaña se encuentran al frente de un gobierno surgido de una traumática confrontación y despojado del respaldo que la ciudadanía le otorgó de manera tan fervorosa como fugaz. Y en tan complejas circunstancias el único camino posible de transitar es la conformación de un gabinete de unidad nacional capaz de enfrentar la borrasca social que se avecina y que puede desatarse con consecuencias impredecibles.
Para ello, el realismo debe privar en medio de este sorpresivo e inédito proceso político que los chilenos han protagonizado en los últimos cuatro años. Sin embargo, los errores que a menudo se cometen demuestran la inmadurez de un equipo de gobierno que parece desconocer los efectos y alcances de sus decisiones y la delicada situación que amenaza su estabilidad y el futuro del sistema democrático.
