Este sábado, 1 de octubre, entra en vigor la Ley de Mercado Abierto, pionera en su género y que convierte a Madrid en la primera región en que cualquier empresa o autónomo del resto de España podrá operar libremente de forma automática, sin tener que solicitar licencias adicionales a las que ya tiene en su lugar de origen. La norma fue aprobada por la Asamblea madrileña el pasado febrero, y ahora se pone en marcha. A través de ella, se suprimen casi 40 procedimientos administrativos relativos a inscripciones, certificaciones, autorizaciones o comunicaciones que hasta ahora eran necesarios para operar en la región por parte de emprendedores de otros puntos de la geografía nacional. Ahora, no tendrán que hacerlo: se reconocerán automáticamente las licencias que ya posean los profesionales de otras partes del país para actuar, de manera que puedan ofrecer sus servicios también en la Comunidad de Madrid. «Damos por supuesto que el resto de normativas de las comunidades autónomas son correctas», explicaba, en el momento de su aprobación, el consejero Fernández-Lasquetty. Ejemplos prácticos Por ejemplo, según explican las autoridades de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que dirige Javier Fernández-Lasquetty , no será necesaria la certificación de productos ecológicos para su venta al consumidor final si ya la tiene reconocida en origen. O, en el caso de los agentes inmobiliarios, no tendrán que inscribirse en el Registro de la Comunidad de Madrid si ya lo están en el de otro territorio. El texto permitirá a un f abricante de ascensores de Pamplona o a un técnico de montaje de aparatos de aire acondicionado de Lugo operar también en Madrid, sin más autorizaciones ni licencias que aquellas que le permitan trabajar en su región. Es, aseguran, abrirles un mercado potencial de 6,7 millones de clientes al resto de empresarios y autónomos de España. La medida servirá para fomentar la libre circulación de bienes y servicios, y avanza en la simplificación administrativa, a la vez que se ayuda a la generación de empleo y la reactivación económica, defienden los responsables regionales. Será también de aplicación a los productos que se comercialicen en el resto de España, que ya no necesitarán de permisos adicionales para hacerlo también en Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido, además, a suprimir regulación propia en los casos en los que los requisitos de acceso a la actividad en Madrid sean mayores que los de otras autonomías. La norma supone abrirles un mercado potencial de 6,7 millones de clientes al resto de empresarios y autónomos del país En los cálculos que han realizado los responsables económicos madrileños, la puesta en marcha de esta Ley de Mercado Abierto va a suponer que el PIB autonómico crezca en torno al 1,6 por ciento, a medio y largo plazo. Lo que se traducirá, afirman, en una creación de riqueza de 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos. Tan convencido está el Gobierno regional de las virtudes de este sistema, que va a promover que el resto de comunidades autónomas adopten una normativa similar. La ley madrileña, ha tenido un recorrido largo. Nació en el Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos –2019-2021–, y se aprobó en enero de 2021 en el consejo de Gobierno. Pero el adelanto electoral en marzo de ese año hizo que la ley, que aún estaba en tramitación, decayera. Tras los comicios del 4 de mayo fue retomada por el nuevo Ejecutivo, que la llevó a aprobación en la Asamblea en febrero. Ahora, tras varios meses en los que se han adaptado los procedimientos, entra por fin en vigor. Las claves de la nueva Ley de Mercado Abierto Menos trámites La aplicación de esta Ley suprime inicialmente casi 40 procedimientos administrativos diferentes, relacionados con inscripciones registrales, autorizaciones, certificados, comunicaciones y licencias. Beneficios La puesta en marcha de esta Ley de Mercado Abierto va a suponer que el PIB autonómico crezca en torno al 1,6 por ciento, a medio y largo plazo. Lo que se traducirá, afirman, en una creación de riqueza de 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos. Extenderlo Tan convencido está el Gobierno regional de las virtudes de este sistema, que va a promover que el resto de comunidades autónomas adopten una normativa similar. Antecedente Hubo una Ley de Unidad de Mercado de 2013, aprobada bajo gobierno de Mariano Rajoy, que el Constitucional echó abajo parcialmente. Más atrás aún, estuvo la Ley de Unidad de Mercado de 2013, aprobada bajo la presidencia de Mariano Rajoy y anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional, que argumentó que estas eran medidas que no podía abordar el estado sino las comunidades. MÁS INFORMACIÓN La Ley de Mercado Abierto sumará un 1,6% al PIB regional y ayudará a crear 50.000 empleos El Gobierno regional asegura que con ella sigue las directrices de la Comisión Europea, que recomiendan medidas para garantizar la unidad de mercado. Esta norma quiere evitar la «proliferación de normas por parte de las diferentes comunidades autónomas, que segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad y lastran el crecimiento económico y la generación de empleo». Se daba el caso, como denunciaban las empresas, de que tenían que ajustarse a 17 normativas distintas para un mismo producto.
