M?s de 300 juristas, abogados y polit?logos de universidades, organizaciones e instituciones p?blicas de Am?rica Latina y Europa expresaron su m?s en?rgica condena y repudio al linchamiento del ex asesor parlamentario Daniel Picazo en Huauchinango, Puebla, al tiempo de exigir justicia pronta que lleve a la identificaci?n y captura de los asesinos.
Ex compa?eros de Picazo en el M?ster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Pol?ticos y Constitucionales (2018-2019) en Madrid, Espa?a, los firmantes del comunicado difundido en redes sociales sostuvieron que el abogado de 31 a?os de edad fue v?ctima de la ?violencia desbordada? en una zona donde el Estado est? ?completamente rebasado?.
?Daniel fue una v?ctima m?s de la violencia desbordada que se vive en diferentes partes de M?xico y Am?rica Latina, zonas en las que el Estado se encuentra completamente rebasado. Aunque hay diferentes versiones de lo sucedido, es un hecho que el Estado no estuvo presente, ni hubo elementos de seguridad p?blica que protegieran a Daniel y le dieran socorro frente a sus agresores?, puntualizaron.
Se?alaron que el ex asesor del PAN en la C?mara de Diputados fue linchado y quemado cuando a?n se encontraba con vida, ?en lo que aparentemente se ha convertido en una pr?ctica recurrente en el estado de Puebla?.
Los catedr?ticos, profesores y estudiantes de Espa?a, Italia, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y M?xico, entre otros, subrayaron que no existe ninguna raz?n para justificar la muerte de Daniel Picazo y por ello consideraron imperativo el esclarecimiento de los hechos.
?De igual manera, la garant?a de una justicia pronta y material que lleve a la identificaci?n, captura y judicializaci?n de los asesinos de Daniel Picazo, quienes, a diferencia de nuestro compa?ero, s? representan un peligro para la sociedad?.
Advirtieron que estar?n atentos y vigilantes de las investigaciones que realice el Estado mexicano en lo general y el de Puebla en lo particular, e instaron a las autoridades administrativas y judiciales a recabar y legalizar todos los elementos materiales probatorios que conduzcan a la verdad sobre dichos acontecimientos.
