La comunidad migrante en España viene exigiendo desde hace mucho tiempo la derogación de la Ley de extranjería, por discriminadora, racista y contraria a los derechos humanos. El gobierno de Sánchez ha optado por la vía reformista y acaba de trascender un borrador del Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones que propone cambios que podrían suponer ciertas mejoras para las personas migrantes, cierta flexibilización de una ley violenta en sí misma, pero aún con profundas limitaciones respecto al pleno derecho y falsamente preocupada por sus vidas.
Para empezar, el criterio y punto de vista que moviliza la reforma no es el del reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, la corrección de su situación irregular administrativa para poder acceder al mercado laboral, sino que es meramente económico y mercantilista. Si, y solo si resulta conveniente para el buen funcionamiento de la economía española, se daría acceso a trabajadores que puedan hacer el trabajo que no quieren hacer los propios españoles y siempre en peores condiciones. La incorporación de trabajadores extranjeros podría, según el borrador que está sujeto aún a correcciones, empezar a darse en sectores con baja ocupación, se permitiría trabajar a estudiantes y se ampliaría la contratación en los países de origen.
Duele ver todavía que para los estados algunos solo son personas en tanto son productivos en esta visión capitalista de la sociedad que sigue explotando ciertos vidas, ciertos cuerpos y en el que hay una jerarquía muy clara: los cuerpos no blancos siempre están muy por debajo y el trabajo feminizado se paga peor. Aun cuando se dieran todas estas reformas y mejoras, la Ley de extranjería sigue siendo una ley racista porque, por ejemplo, un español puede ser improductivo pero un migrante, no.
Para los racistas y xenófobos que piensan que los sistemas de pensiones funcionan igual de bien en todo el mundo y proponen que los migrantes se queden en sus países sufriendo el hambre y la guerra, hasta el reformismo les escuece. Los sindicatos españoles, conscientes de los intereses antiderechos de la patronal, han llamado clasista a esta regularización por mano de obra barata, algo que claramente es. El problema es que nunca le llamarán lo que también es: racista. Me temo que nativa o extranjera, no es la misma clase obrera, menos para la patronal, que sabe cómo y a quién explotar más. El Estado ya lo organiza de esa manera.
Para los migrantes la reforma de la Ley de extranjería es una noticia como todas las que les llegan desde que alguna vez decidieron migrar: no está aquí la igualdad todavía y hay que tomar del sistema lo que ayuda a comer al día siguiente, pero ahí no termina la lucha. La resistencia continúa hasta el pleno derecho. Lo conseguido este jueves por las trabajadoras del hogar ha sido histórico. Se ratificó por fin en el Congreso el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que regulariza el trabajo del hogar y les permite acceder, entre otras cosas, a la prestación por desempleo. Esta es una victoria de las propias trabajadoras tras 11 años de porfiar. Son mujeres, mayoritariamente racializadas y clase obrera que de una vez por todas han conseguido ser, al menos, como el resto de trabajadores. Vamos por más. La propia comunidad migrante ya ha propuesto otra vía: que la ILP por la regularización de 500.000 migrantes llegue al Congreso y se convierta en ley. Vamos por mucho más.
