La presidenta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha acusado a la Generalitat «de estar al servicio de los negocios del hermano del presidente Ximo Puig», tras reconocer el conseller de Hacienda, Arcadi España, que «no se ha iniciado ningún expediente para el reintegro de las subvenciones defraudadas por parte de las empresas de Francís Puig».
Eva Ortiz, en una interpelación al Ejecutivo autonómico, ha recordado que «los hermanos del señor Puig mintieron reiteradamente en las solicitudes que presentaron para percibir subvenciones porque afirmaban no recibirlas de otras administraciones para la misma finalidad, cuando de hecho lo hacían del Gobierno de Puigdemont y de Aragón».
En este sentido, la diputada popular ha asegurado que «esto nunca se ha comprobado por parte del Consell cuando hubiese sido muy fácil ver que mentían porque en las tres solicitudes estaban firmadas por Francís Puig».
Eva Ortiz ha afirmado que «el Consell reconoce que no ha mirado ni investigado que se había creado una trama entre las empresas del hermano del presidente y sus socios para cobrar subvenciones con facturas falsas, cruzadas, duplicadas y audiencias falsas».
En este sentido, la diputada popular ha asegurado que «se falsifica el principal requisito determinante de la cuantía de la subvención, que son las audiencias para cobrar más dinero público, sin que la Generalitat mueva un dedo para evitarlo».
«Pero esto es una historia de avaricia porque las facturas que fueron presentadas para justificar subvenciones en la Comunidadfueron imputadas también al 100% en la Generalitat de Cataluña con la firma del hermano de Puig incumpliendo así la Ley General de Subvenciones».
La presidenta del Grupo Popular ha advertido que «los métodos siempre han sido los mismos de los que se deriva que se justificaron las subvenciones con programas que nunca existieron, trabajadores obligados a firmar trabajos que nunca realizaron, personal utilizado para engrosar las justificaciones de empresas para las que nunca trabajaron».
Eva Ortiz ha recordado que «sobre todas estas cuestiones ya se ha manifestado la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Agencia Antifraude y la Abogacía de la Generalitat sin personarse».
La diputada popular ha lamentado que el Consell de Puig «es el único que no ha comprobado nada de esto ni ha pedido a Francís Puig el reíntegro de las subvenciones, mientras que si lo ha hecho con el socio».
Eva Ortiz ha reflexionado sobre «qué más necesita saber la Generalitat para actuar en este caso después de conocer que Francís Puig ha reconocido en sede judicial que sabía que algunas justificaciones eran ilegales y acusar al Gobierno autonómico de no advertirle y comunicarle que estaban mal la justificación».
Por último, ha asegurado que «seis consellerias y cuatro organismos dependientes de la Generalitat entregados a la causa de los hermanos del presidente y su socio y la falta de voluntad política para recuperar el dinero, confirman tristemente una frase muy gráfica utilizada por la trama, para alardear: que cuando Ximo llegara al Consell se iban a forrar».
«La misma vara de medir»
El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha respondido a la diputada popular que la Generalitat aplica «la misma vara de medir» con todas las empresas que han recibido alguna subvención de la Administración públicas, como las vinculadas al hermano de Puig, «sea quien su propietario, titular, accionista o sea quien sea: Normalidad absoluta, judicial y administrativa».
Esta interpelación en el pleno de las Cortes Valencianas se ha producido semanas después de que Francis Puig, administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones declarara como investigado en la causa en la que se instruyen presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresas.
España, que ha iniciado su respuesta recordando el reciente procesamiento del expresidente Eduardo Zaplana por el 'caso Erial', ha subrayado el «riguroso cumplimiento de la ley» en todas las convocatorias de la Generalitat y el respeto a la independencia judicial, junto a un mayor control de las subvenciones que "antes no existía».
