En un nuevo revés para el frágil gobierno del primer ministro Naftali Bennett, el Parlamento israelí Knesset rechazó en su primera discusión la renovación de una legislación que debe extenderse cada cinco años, que otorga derechos civiles a los colonos sionistas que viven en terrenos ocupados ilegalmente por Israel en Cisjordania. Con esta legislación, los colonos reciben […]
Naftali Bennett, primer ministro de Israel. Foto: Twitter / Naftali Bennett
En un nuevo revés para el frágil gobierno del primer ministro Naftali Bennett, el Parlamento israelí Knesset rechazó en su primera discusión la renovación de una legislación que debe extenderse cada cinco años, que otorga derechos civiles a los colonos sionistas que viven en terrenos ocupados ilegalmente por Israel en Cisjordania.
Con esta legislación, los colonos reciben un tratamiento específico y diferenciado como salud pública, educación y otros beneficios, mientras que los palestinos están sujetos a controles y tribunales militares.
Esta legislación ha estado renovándose en quinquenios desde 1967, años en que empezó la ocupación ilegal de Israel en Palestina.
En una votación de 58 a 52, el Knesset rechazó el proyecto en primera instancia, pero la negativa no es definitiva. Sí representa un castigo para la coalición derechista de Bennett que gobierna hace un año.
El Ejecutivo de Bennett, quien gobierna en coalición con el diputado Yair Lapid, dieron hasta el 1° de julio para organizar una nueva votación y, mientras, tratará de negociar más votos para alcanzar la mitad más uno, mínima para aprobar el proyecto de ley.
La legislación civil para los asentamientos civiles israelíes en territorios palestinos ocupados cuenta en este momento con la oposición de una parte de la coalición de gobierno, en particular del partido árabe de bases islámicas Raam, liderado por Mansour Abbas. Por otro lado, el ministro de Justicia, Gideon Saar, líder del partido derechista Nueva Esperanza (Tikva Hadasha), amenazó con consecuencias muy graves respecto a la permanencia del gobierno.
Esta ley “especial” dice que las personas con ciudadanía israelí que vivan en las colonias ocupas tengan mayores libertades y derechos civiles que los palestinos, en una especie de apartheid tácito, dado que dos pueblos que viven en un mismo territorio tienen diferente categoría ante los poderes dominantes.
En cuanto a lo judicial y policial, cualquier colono judío tendrá beneficios ante la Justicia mientras que una persona de nacionalidad palestina es sometida a tribunales militares de facto, instaurados por Israel.
Si la ley no se renueva el 1° de julio, los israelíes de los territorios ocupados perderían ciertos privilegios, como el seguro gubernamental, la participación en el Colegio de Abogados, la entrada en Israel, el servicio militar, los impuestos y la adopción de menores de edad.
El antecesor de Bennett, Benjamin Netanyahu, había prometido en 2020 apoderarse totalmente de los territorios ocupados irregularmente, anexionándolos como territorio israelí, en lugar de seguir manteniéndolos como una ocupación temporal que ya lleva casi seis décadas en esa situación.
Toda esta situación, la del voto negativo, será solamente un mero retraso porque es altamente improbable que Israel deje de reconocer el estatus especial de sus colonos que están instalados en Cisjordania y Franja de Gaza desde la Guerra de los Seis Días.
El ejército utiliza estos textos legales para destruir casas, deportar a los residentes e imponer toques de queda. Y sin ellas, Israel ya no podría, en principio, mantener a cientos de presos palestinos en detención administrativa en su territorio, sin cargos ni límites de tiempo.
Más de 500.000 colonos judíos viven en unos 120 asentamientos en la Cisjordania ocupada. Ante el derecho internacional y la comunidad global, estas colonias son ilegales pero esto no impide que Israel siga construyendo nuevos y expandiendo los existentes. También se consideran un obstáculo importante para cualquier posible acuerdo entre Israel y Palestina.
