No hay dos sin tres para el Tribunal Constitucional en su cuestionamiento de la arquitectura legal que usó el Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar la pandemia del coronavirus y avalar las restricciones de derechos en forma de confinamientos, limitaciones a la hostelería o desplazamientos de personas. Tras declarar "inconstitucionales" los dos estados de alarma decretados por el Ejecutivo ahora amenaza con hacer lo propio con la fórmula que utilizó el Gobierno para encomendar a los tribunales superiores el aval de las restricciones que proponían las comunidades autónomas cuando expiró el estado de alarma.
El último capítulo de la enmienda a la totalidad sobre la hoja de ruta de Pedro Sánchez durante la pandemia ha llegado al tribunal a través de una consulta de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Según los magistrados aragoneses, la decisión de situar a los TSJ en el papel de validadores de restricciones supone "colocar a los tribunales en una posición de Administración colaboradora, con la dificultad que ello supone si con posterioridad se produce un recurso el cual se presentaría ante el tribunal enfrentándose a una decisión ya confirmada por éste, lo que da una falsa impresión de conformidad a la legalidad”.
El recurso de inconstitucionalidad ha recaído en el magistrado conservador Enrique Arnaldo, a quien ha correspondido redactar la ponencia de una sentencia que el órgano tendrá que deliberar este jueves. Según informan a elDiario.es fuentes del Constitucional esa propuesta se inclina por tumbar la decisión que a finales de 2021 adoptó el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para gestionar la pandemia en su tramo final.
La pretensión del ponente es que todas las restricciones a la movilidad, derecho de reunión, horarios de hostelería e, incluso, la imposición de pasaportes COVID se habrían adoptado de manera ajena a la Carta Magna. Arnaldo argumenta que el mecanismo que se impuso en aquellos meses vulnera la independencia del poder judicial, al encomendarle funciones que no les corresponden y que suponen, de facto, gobernar a los ciudadanos en su día a día.
El Partido Popular reclamaba la necesidad de aprobar una ley específica de pandemias, como la que Alberto Casado llevó al Congreso y que fue rechazada incluso por Ciudadanos y Vox. Después de Casado, Alberto Núñez Feijóo fue uno de los principales defensores de esa idea, llegando a aprobar un texto propio a nivel autonómico. Durante aquel movimiento el hoy líder del PP se metió en el charco de sugerir en su ley que la vacunación podría considerarse obligatoria. Finalmente tuvo que dar marcha atrás, corregir su texto y decir que no se le había entendido bien. Pese a todo, Feijóo no dejó de ponerse como ejemplo durante todo lo que llevamos de 2022, aunque nunca tuvo problemas en seguir las reglas del juego que finalmente le impuso el Gobierno. Al igual que otros presidentes autonómicos de todos los colores políticos, cada vez que su Gobierno aprobó una nueva restricción llevó su propuesta al Tribunal Superior de su comunidad.
De confirmarse el nuevo varapalo del Constitucional al Gobierno de Sánchez está por ver si esta vez la sentencia puede empujar una catarata de reclamaciones por parte de los sectores afectados por aquellos recortes en la movilidad y la prestación de servicios asociados sobre todo al ocio y la hostelería. Las dos declaraciones de inconstitucionalidad de los decretos de estado de alarma del Gobierno no dieron pie a reclamaciones de ese tipo.
El debate que arranca este jueves en el Constitucional llega en un momento de máxima tensión en el seno del tribunal y a pocas semanas de que se acabe el plazo para la renovación de los cuatro magistrados que, por partes iguales, debe renovar el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Cuando esos nombramientos, inicialmente previstos para el 12 de junio se produzcan –aunque el bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir si realiza la renovación por su cuenta o espera a la renovación del CGPJ–, se produzcan, la mayoría del Constitucional quedará en manos del sector progresista. Por ahora son los conservadores quienes tienen el poder y en su mano una nueva ocasión de censurar la gestión de la pandemia liderada por Sánchez.
