Sin respuesta ante el 'Caso Mascarilla' de Canarias, un contrato para un millón de mascarillas por el que el Ejecutivo pagó cuatro millones de euros, de los que aún no se sabe nada.
Durante el estado de alarma, a través de la Agencia Tributaria Canaria, ya se han ordenado hasta diez embargos a la empresa para recuperar la deuda, que alcanza ya los 4,8 millones, pero hasta el momento los intentos han sido «infructuosos». La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Se busca recuperar los cuatro millones de euros presuntamente estafados por la empresa RR7 United con un lote de un millón de mascarillas FPP3 que nunca se entregaron. Los hechos se remontan a abril de 2020 en un momento en el que el mercado mundial de productos sanitarios era competitivo y Canarias competía con el resto del mundo para conseguir materiales de protección.
El consejeroo de Sanidad canaari, Blas Trujillo, ha explicado que con un stock en la comunidad de apenas seis semanas y muchas empresas que no podían acudir al mercado o soloo disponían de pequeñas cantidades, la empresa RR7 United ofrecía un modelo de mascarilla, validado por los servicios de prevención de la comunidad autónoma, a un precio de cuatro euros por unidad, en línea con lo que fijaba el instituto nacional sanitario, por lo que se le dio «el visto bueno».
El encargo, ha comentado, se realiza el 25 de mayo de 2020 y la mitad se abona el 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de octubre, desde el SCS se les requiere el material y el proveedor dice que «necesita todo el dinero porque hay subastas« en el mercado y por ello, el 19 de octubre se abonan otros dos millones. Finalmente, el 15 de enero, el intermediario de la operación comunica por carta que no pueden realizar el suministro por lo que la Dirección General de Recursos Económicos inicia el 1 de febrero el expediente de resolución del contrato.
La empresa llegó a comunicar que las mascarillas llegaron Gran Canaria procedentes de Etiopía pero fueron incineradas por Inspección de Aduanas dado que no cumplían con las certificaciones europeas.
El 29 de junio, prosiguió Trujillo, la empresa contacta con el SCS y ofrece unas mascarillas «del mismo nivel» para poder anular el procedimiento de embargo pero se le pone la condición de que debe aumentar la partida hasta los 1,2 millones, de tal forma que el coste por mascarilla baja a 3,30 euros, y entregarlas en una semana. Volvieron a incumplir y el expediente de reintegro de los fondos siguió su curso.
El consejero ha afirmado que «no hay ni un solo momento» en que la administración pública canaria no haya actuado para que se ejecute el contrato y ha avanzado que se estudiará la vía judicial si se encuentran indicios delictivos, especialmente el alzamiento de bienes, y asegura que no ha habido «dejación» en la funciones de la consejería. El procedimiento de contratación cumplía con el Real Decreto aprobado por el Gobierno central que permitía la vía de emergencia y de hecho, ha apuntado que este es el único contrato del SCS que tiene incidencias, ha insistido.
El Gobierno ha optado por la vía administrativa porque «es más rápida» para recuperar el dinero, «es de primero de Derecho», pero ha dejado claro que se trabaja también en vías judiciales si no fructifican los embargos.
«Agotar todas las vías»
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Ejecutivo canario va a agotar «todas las vías» para recuperar «hasta el último euro». Torres ha explicado que se está en una resolución de contrato que se hizo «siguiendo los cánones administrativos» y añadió que ha habido también una reclamación por parte del Gobierno de los cuatro millones abonados a la empresa adjudicataria.
Asegura que «todos los procedimientos se han hecho a acorde a la legalidad vigente», y de 15 que se realizaron solo uno fue infructuoso.
Sobre la petición de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, Ángel Víctor Torres considera que hay que ser «coherente y riguroso» con las afirmaciones y quiso dejar claro que el Gobierno no ha ocultado »ninguna información» sobre este asunto y ha dado cuenta de lo que ha sido preciso »de manera pública».
