La batalla judicial entre el PDECat y Junts per Catalunya (JxCat) ha quedado vista para sentencia. Este lunes, durante la vista oral, los herederos de Convergència han acusado a la formación de Carles Puigdemont de intentar un «trasvase de cargos», mientras que los primeros han asegurado que la demanda por las siglas busca «bloquear su marca para expulsarlos de la carrera electoral».
El pleito comenzó el verano de 2020, después de que el PDECat presentase una demanda contra tres integrantes de Junts: Carles Valls, Laia Canet y Montserrat Morante. El motivo era impugnar una asamblea, celebrada en julio, en la que se constituyó el nuevo partido de Puigdemont, con las siglas utilizadas hasta entonces por los herederos de CDC, como coalición electoral.
En dicha asamblea Valls fue nombrado presidente provisional de Junts, en sustitución de Canet, y Morante, secretaria general. Este lunes, durante su comparencencia ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona, todos ellos han detallado como durante aquel acto tomaron posesión de sus cargos de forma telemática -por videollamada-, sin que ningún afiliado formalizase ningún tipo de queja sobre el procedimiento.
Los tres formaron parte de la dirección del PDECat pero, mientras Valls se dio de baja a los pocos días de asumir la presidencia de Junts, Canet compaginó la afiliación a ambas formaciones. «Es posible si los estatutos lo permiten», ha justificado. Eso sí, a preguntas de la letrada de los neoconvergentes ha eludido contestar si continuó siendo militante por la «vinculación que existe entre los proyectos» de los dos partidos.
«Transfuguismo»
Durante el informe final, la letrada del PDECat ha justificado que ambas formaciones «aún conviven en coaliciones» y que Junts era un partido «con escasa vida asociativa», por lo que quién «hacía entrar dinero en las coaliciones electorales» era su representado. «A partir de la operación de junio [la polémica asamblea], algunas personas toman el control de Junts y lo convierten en una formación con militantes. Eso no hubiese pasado nunca si la junta se hubiese celebrado bajo normas imperativas».
Así, la abogada ha acusado a Junts de causar un «perjuicio evidente» al PDECat. «Fomenta el transfuguismo, con basos comunicantes de un partido al otro. En el imaginario político, son partidos vinculados», ha señalado.
Por su parte, el letrado del partido de Puigdemont ha subrayado que la asamblea se celebró en base a las normas estatutarias -teniendo en cuenta el periodo de pandemia-, y que ningún afiliado impugnó los acuerdos en el plazo establecido para ello -40 días-.
Así, ha acusado al PDECat en incurrir en «fraude de ley» con su demanda, todo ello con el objetivo de «bloquear» a Junts para «expulsarlo de la carrera electoral». Sobre la acusación de hacerse con su capital político, ha indicado: «giremos el argumento, ¿de quién es el capital político de esta coalición.? Es de todos».
Mientras que el PDECat solicita la nulidad de la asamblea de Junts en junio de 2020, por «presuntas irregularidades», el partido de Puigdemont reclama que se desestime la demanda. «Son dos partidos diferentes, con trayectorias diferentes, que en algunas elecciones han formado coalición», ha insistido el letrado de Junts.
