El abogado de la Defensoría Popular catalogó como una “desazón” la resolución de la entidad de no perseverar en su querella por delitos de lesa humanidad. Por lo que consideró que el nuevo gobierno “debería incidir”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, abordó la decisión del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de no perseverar en su querella por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social.
Según expresó la entidad en un comunicado, esto se debe porque “la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”.
En particular, tildó esta determinación como “una desazón para los abogados litigantes” y que aquello “es una decisión netamente política”. “Quiero fundamentar que ellos dicen en su resolución que no hay antecedentes de acuerdo al Estatuto de Roma, me parece una excusa bastante hartera. Creo que con respecto a los delitos de lesa humanidad se cumplen cinco en Chile, en el espacio de tiempo solamente entre el 18 de octubre al 11 de diciembre de 2019”, dijo.
En ese sentido, sostuvo que “la gente en Chile tiende a tener mala memoria, es muy bueno tener a la vista el libelo que se tuvo, firmado por muchos juristas, que produjo la destitución ministro del Interior (Andrés) Chadwick. En ese espacio de tiempo perdieron la vida 49 personas, de las cuales 20 solamente han sido esclarecidas”.
Morales aseguró que sí habría habido sistematicidad en los atropellos y señaló que “todos sabemos que un litigante como el INDH le da un plus a las causas. No solamente porque haya un abogado más como querellante, sino porque tiene fondos para recurrir a peritajes nacionales e internacionales, lo que finalmente es una desazón, lo digo como abogado litigante y también como ciudadano de Chile”.
Con todo, apuntó que esta decisión se puede volver a votar en julio y, por lo mismo, consideró que “el nuevo gobierno debería incidir”. En esa línea, planteó que muchos abogados litigantes del INDH “se han visto impedidos de realizar su labor por limitaciones que le han impuesto estos consejeros”.
“No vamos a esperar 40 años para dilucidar esto. Tenemos que hacerlo como sociedad activa ahora. Creo que Chile necesita un nuevo INDH y con un director que en realidad enfrente los derechos humanos. Yo creo que esto no tiene explicación, solamente la explicación política”, comentó.
Por otra parte, consultado por la posibilidad de insistir en las querellas mediante la nueva institucionalidad propuesta en la nueva Constitución que establece en su articulado una Defensoría del Pueblo, el abogado Lorenzo Morales aseguró que aquello sí podría ser efectivo, toda vez que la naturaleza de los delitos de lesa humanidad es imprescriptible.
De hecho, sostuvo que “sería un buen momento de que un defensor del pueblo reemplazara al INDH, que ya cumplió una época. Esto tiene antecedentes en México y otros países, se ha producido lo mismo, la confluencia política ha opacado los derechos humanos. Entonces, en función de eso sería un buen escenario”.
