Tras meses de espera, la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual parece inminente. El jueves se votan las enmiendas a un texto que, de salir adelante tal y como está planteado, hace temblar a las cerca de 600 empresas aglutinadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P.), que representan al 90% de estas.
La cuestión principal que solivianta al cine español radica en dos puntos: la obligación de inversión que se impone a las plataformas (que se suman a las cadenas privadas) para destinar el 5 por ciento de ingresos a producción independiente, y la propia definición de esta. Porque ni en la Ley del Cine ni en la Ley de Comunicación Audiovisual hay una definición de...
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