El repaso a la situación económica del país que el Banco de España ha realizado aprovechando la publicación de su Informe Anual ha dejado clara la falta de sintonía de la institución con el Gobierno tanto en algunas de las medidas de choque que ha decidido adoptar para hacer frente al 'shock' de precios energéticos iniciado a mediados del año pasado y exacerbado por la guerra en Ucrania, como con otros asuntos más de fondo de su política económica. Resumimos las faltas de sintonía entre el Gobierno y el Banco de España en diez frases.
Sobre la reacción del Gobierno a la crisis. «Tras el aumento de la deuda pública como consecuencia de la pandemia, el margen de maniobra de la política presupuestaria está próximo a su agotamiento, lo que exige que su uso sea muy selectivo y con medidas de carácter temporal, a fin de evitar que sea transmitida una carga excesiva a las generaciones futuras y, lo que sería más preocupante, que pueda verse comprometida la sostenibilidad de las finanzas públicas».
Sobre la rebaja general de 20 céntimos al litro de carburante. «Estimaciones preliminares del impacto que podría tener la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible aprobada recientemente para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año sugieren que la inflación soportada por los hogares de menor renta en dicho período podría reducirse de forma menos intensa que la que experimentarían los hogares con mayor renta«.
Sobre el pacto de rentas y la negativa del Gobierno a incluir a las pensiones. «Un factor que debe ser considerado a la hora de diseñar el pacto de rentas es la incorporación a este de los perceptores de rentas públicas. El mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad en el contexto actual de pérdida de rentas. Por un lado, justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas; por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que se excluya del ajuste al conjunto de los pensionistas conlleva necesariamente que otros agentes tengan que asumir una parte mayor de esos costes«.
Sobre la insuficiencia de la reforma de pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. «En conjunto, de acuerdo con las estimaciones disponibles, que incorporan las medidas recientemente adoptadas (entre otras, la derogación del Factor de Sostenibilidad y el establecimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional), hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos».
Sobre el riesgo del gasto pensiones para las cuentas públicas. «La estabilidad de la deuda pública en el largo plazo requiere un esfuerzo fiscal que por lo menos compense los gastos asociados a las tendencias demográficas bajo los actuales parámetros del sistema público de pensiones. Si en los próximos años no se acometiera ningún ajuste fiscal en nuestro país las presiones que supondrá el proceso de envejecimiento poblacional para el gasto público —si se mantienen los parámetros actuales del sistema de pensiones vigente— implicarían un aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB».
Sobre la reforma fiscal y la decisión entre subir el IVA o el IRPF. «Existen ganancias potenciales, tanto en términos de eficiencia del sistema tributario como de equidad, en otorgar un mayor peso en los ingresos a la imposición sobre el consumo (IVA) frente a la que grava la renta (IRPF y cotizaciones sociales)».
Sobre la fiscalidad verde. «Los ambiciosos compromisos que España ha asumido en materia medioambiental en los últimos años contrastan con el escaso desarrollo que ha tenido la fiscalidad medioambiental en nuestro país, y apuntan a la necesidad de introducir nuevas medidas impositivas en la energía, los hidrocarburos y el transporte».
Sobre la euforia del Gobierno con el impacto de la reforma laboral. «Desde la aprobación de la reforma laboral de 2022 la contratación indefinida se ha acelerado significativamente y la contratación temporal se ha reducido, pero aún es pronto para poder evaluar el impacto de la reforma laboral que tendrá realizarse en múltiples dimensiones entre las que estará su impacto sobre el empleo, ya que la reducción de la temporalidad podría provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal».
Sobre los topes a los precios del alquiler. «El proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda trata de reducir las dificultades de acceso a la vivienda, que afectan especialmente a los jóvenes y a los hogares con rentas más bajas. Sin embargo, algunas de las medidas que contempla esta norma, como el control de rentas, podrían no tener el efecto deseado o incluso, en el medio plazo, suponer efectos adversos».
Sobre la situación económica actual. «La información conocida después de la publicación de nuestras proyecciones (hace apenas un mes) apunta en ausencia de perturbaciones adicionales a una nueva revisión a la baja del crecimiento».
