El Consejo de Ministros aprobará próximamente una reforma del aborto voluntario, aumentando la desprotección del no nacido en la que ya incurre la vigente ley de 2010. Aunque el proyecto del Gobierno pretende derogar la norma actual y así dejar sin objeto el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, aún pendiente en el Tribunal Constitucional, los plazos del procedimiento parlamentario permitirán a este tribunal resolver antes de que el Parlamento apruebe definitivamente la reforma. La decisión del TC urge de manera tan evidente que resulta inexplicable el retraso de más de una década en afrontar un tema esencial para la sociedad. Cambie o no la ley del aborto, el TC tiene que pronunciarse sobre dos aspectos esenciales: si la interrupción voluntaria del embarazo -eufemismo del aborto- es un derecho fundamental, y si un sistema de plazos que deje la vida del no nacido a expensas de la decisión de la madre es constitucional. Ambas cuestiones deben ser resueltas para la actual y la futura ley del aborto. Es un debate que el TC debe zanjar cuanto antes.
Entretanto, el Gobierno se afana en lo que mejor se le da: profundizar en la división social y utilizar la ley para ideologizar la vida ciudadana. En la reforma anunciada por el Gobierno se prevé dar libertad a las menores de edad, entre 16 y 17 años, para que aborten sin necesidad de la autorización de sus padres, lo que abrirá profundas brechas en muchas familias, condenadas a judicializar un conflicto impuesto por ese designio de la izquierda de romper los vínculos naturales de la persona, ya sea con su familia, ya sea con el no nacido. La segunda medida no es nueva, porque ya se aplica con la eutanasia. Se trata de la creación de un registro de médicos y sanitarios que se acojan a la objeción de conciencia para no ser partícipes en la muerte voluntaria de un ser humano en gestación. Es una forma de señalar públicamente a los profesionales de la sanidad pública que invoquen el derecho fundamental a la objeción de conciencia. No parece, sin embargo, que esta exposición pública vaya a hacer que estos sanitarios cambien de criterio ante una forma de eliminar la vida humana.
Esta reforma es innecesaria desde cualquier punto de vista social, médico o jurídico. Solo busca un nuevo motivo de enfrentamiento ciudadano para movilizar a la izquierda en un momento de declive preelectoral. Por eso arreciará su campaña abortista con ese lenguaje absurdo de «derechos reproductivos» y otros de similar dialecto progre. La defensa de la vida humana es una batalla que nunca se pierde mientras se dé. Por eso es necesario que los grupos sociales y los partidos políticos que propugnan el respeto a la dignidad humana no sucumban a la presión del discurso abortista. La muerte del no nacido no es un medio legítimo para ninguna reivindicación feminista. Es más, la exclusión absoluta del padre sobre la suerte del no nacido es una opción profundamente machista. Que solo la madre decida sobre la vida o la muerte de su hijo no tiene explicación coherente en el discurso de la corresponsabilidad del hombre.
Cuando la coalición de izquierdas derogó la ley valenciana de protección de la maternidad en 2017, quedó claro que el objetivo de los sectores abortistas no es proteger y propiciar la libertad de elección de las mujeres, sino dejarlas expuestas sin alternativa a la terrible experiencia del aborto. Tener un hijo es, por supuesto, una opción que debe quedar reservada a la libertad de la mujer, pero una vez concebido no se puede ignorar la existencia de un nuevo ser humano, distinto, digno y cuya única aspiración es nacer y vivir.
