El primer ministro de Portugal, António Costa, pidió "serenidad" en referencia al supuesto espionaje de rusos afines a organizaciones impulsadas por Moscú a refugiados ucranianos en Portugal, y defendió que, "si hay algo que cuestionar", hay instituciones que pueden tomar medidas.
Así reaccionó a este proceso, destapado por el periódico Expresso esta semana, que mostraba que refugiados ucranianos habían sido recibidos en Setúbal, a unos 50 kilómetros de la capital, por una funcionaria del Ayuntamiento de origen ruso, Yulia Khashin, y por su esposo, Igor Khashim, vinculado con organizaciones relacionadas con Moscú.
Ambos tuvieron acceso a la documentación personal de los ucranianos, desde pasaportes a certificados de nacimiento, al participar en una línea municipal creada para apoyar a los refugiados y en la que actuaban otras instituciones, como el Alto Comisionado para las Migraciones (ACM) y el Servicio de Extranjeros y Fronteras.
"Cualquier violación de los derechos fundamentales es de la mayor gravedad", aseguró el jefe del Ejecutivo en declaraciones a periodistas, y recordó que "la guerra también funciona a través de este juego de informaciones", pero aseguró que Portugal es un Estado de derecho donde hay "servicios propios" para garantizar la protección de todos.
Explicó además que el caso ya ha sido derivado a la Comisión Nacional de Protección de Datos y al Ministerio de Cohesión Territorial, que deberán analizar si se ha producido una violación de las reglas de protección de datos.
La embajadora de Ucrania en Portugal, Inna Ohnivets, ya había denunciado hace unas semanas casos de refugiados acogidos por rusos ante el temor de que las "asociaciones prorrusas con vinculación muy estrecha a la embajada rusa" utilizaran los datos personales de los ucranianos "interesantes para la inteligencia rusa".
El proceso ha provocado quejas de organizaciones civiles y la reacción del Ayuntamiento de Setúbal, que alegó en un comunicado que el Gobierno no respondió a la petición de investigar las denuncias realizadas por Ohnivets y pidió una investigación al Ministerio de Administración Interna.
Sobre esta queja, Costa aseguró que desde Setúbal no han pedido "cualquier aclaración" y recalcó que "no vale la pena" alimentar "sospechas y dudas": "Si hay algún comportamiento ilegal las instituciones actuarán".
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recalcó también que hay autoridades competentes para investigar las denuncias, tanto desde el punto de vista judicial como administrativo, y matizó que cuando se acogen refugiados "hay una preocupación obvia" para no poner "en causa datos privados".
Desde la oposición, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) solicitará la comparecencia parlamentaria del alcalde de Setúbal, André Martins -de la coalición integrada por verdes y comunistas- y de la embajadora ucraniana. Otras formaciones, como los conservadores de Iniciativa Liberal y el partido de ultraderecha Chega, apoyan esta medida.
Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero, al menos 24.000 ucranianos o extranjeros residentes en ese país han pedido protección temporal en Portugal.
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