La privatización sanitaria avanza en España. Así lo acredita el último informe de la Federación de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que lleva desde 2014 diseccionando, con los datos disponibles, cómo la sanidad privada ha ido ganando terreno a los recursos públicos midiendo en cada comunidad autónoma cuál es el gasto per cápita en seguros privados, qué porcentaje de gasto se dedica a conciertos con entidades privadas o cuánto cuántas consultas con especialistas se dan al margen del Sistema Nacional de Salud.
Madrid y Catalunya siguen posicionadas como las dos comunidades que más privatizados tienen sus servicios sanitarios, por este orden. Es así desde la federación comenzó a hacer estos informes en 2014. Los madrileños invirtieron de media 325 euros en pólizas privadas en los años 2020 y 2021 frente a los 89 de Navarra o los 94 de Cantabria y registraron más de 900 consultas a especialistas fuera del SNS por cada 1.000 habitantes. El informe señala que la pandemia "ha sido aprovechada por varias comunidades, especialmente la de Madrid" para "profundizar en la deriva privatizadora" en lugar de reforzar la sanidad pública. Catalunya está a la cabeza en el dinero público que se transfiere a conciertos con la sanidad privada (24,5% de la inversión) y en el porcentaje de camas privadas sobre el total (39%).
Es llamativa la situación de Andalucía. Acostumbrada a estar entre las comunidades más reacias a entregar a las compañías privadas los servicios sanitarios, ha escalado posiciones en los dos últimos informes para colocarse dentro de los territorios con un grado "medio" de privatización. Está en el sexto lugar frente al octavo puesto que ocupaba en 2020. Hace ocho años, en 2014, se situaba a la cola en privatización con 13 comunidades por delante. La subida ha coincidido con el cambio de Gobierno en la Junta. PP y Ciudadanos cogobiernan la comunidad desde principios de 2019 y el próximo 19 de junio están convocadas unas elecciones autonómicas anticipadas por decisión del presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla. En 2017 y 2018, la comunidad pasó a engrosar el grupo de territorios con un nivel medio de privatización pero nunca hasta ahora se había situado en puestos tan avanzados.
El gasto per cápita en seguros privados ha crecido de 140 euros a 155 y también el número de funcionarios que optan por las mutuas (del 4,3% al 5,27%). "En 2014 y en 2019, Andalucía estaba en el grupo con menor grado de privatización y ahora está a las puertas de las que tienen mayor grado. Es evidente, se ha producido una transformación en negativo del sistema sanitario", ha expresado el portavoz Mariano Sánchez-Bayle en la rueda de prensa de presentación del informe, en la que ha lamentado la "falta de transparencia" de las administraciones públicas. Esto complica obtener datos concretos y homogéneos para todas las comunidades.
Andalucía batió su récord en derivaciones a la sanidad privada en 2021. Se gastó en ello 200 millones de euros, casi el doble que en 2019, para un millón de pacientes. Además, hace apenas un mes el Ejecutivo andaluz firmó una ampliación de los conciertos para dotar a Cádiz y a Huelva de dos nuevos centros hospitalarios gestionados por las Clínicas Pascual ante el malestar del sector público. El Gobierno de Moreno Bonilla se había comprometido en 2019 a construir un hospital regional en Cádiz que diera cobertura a la provincia por el envejecimiento progresivo de la población, según dijo el propio presidente, pero tres años después el proyecto sigue siendo solo una idea.
Aragón, gobernada por el PSOE, es la que más ha escalado en el gasto en seguros privados, aunque no alcanza los niveles de Madrid, Catalunya, ni de los archipiélagos canario y balear. Los ciudadanos aragoneses gastan 447 euros al año en pagos directos a proveedores de atención médica, solo por detrás de Navarra (622), Madrid (464), Galicia (457) y Euskadi (449), aunque este dato está muy relacionado con la riqueza que tiene cada territorio, ha matizado Sánchez-Bayle.
Cada vez menos comunidades se desvinculan de esta tendencia. Extremadura es la que más ha resistido en los últimos años y la única que se ha mantenido en un nivel de privatización "bajo", según la clasificación de la federación, aunque lo privado –en este caso mínimamente– ha comido espacio a lo público en 2020 y 2021. Ha pasado en todas los territorios sin excepción, ha precisado el portavoz.
En las conclusiones, Navarra, Euskadi, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias y Cantabria mejoran sus posiciones pero eso no significa que hayan puesto coto necesariamente a la privatización puesto que la clasificación se elabora sobre la base de la comparación entre comunidades.
Cantabria es la que menos puntuación "privatizadora" reúne este año. A más camas privadas, más gasto en seguros de salud o más inversión en conciertos, más puntos suman los territorios. Junto a ella está también Castilla-La Mancha.
El informe asegura que "los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública, han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización" y lamenta que el aumento del aseguramiento privado está "unido a una mayor desigualad y a exclusiones porque solo acceden a estas formulas las personas con más recursos". La sanidad privada ha admitido por primera vez que el incremento de sus pacientes está relacionado con las largas esperas para obtener una cita en el centro de salud o con los especialistas.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública considera que los seguros privados low cost son más propaganda que realidad". "Se anuncian a precios pequeños, pero están pensados para personas jóvenes y sanas", ha indicado Sánchez-Bayle, que advierte de que a las aseguradoras no les interesan las personas enfermas.
Gráficos de Raúl Sánchez.
