El abogado José Luis Vera, un socialista sin carnet pero con influencia en el PSPV-PSOE, es uno de los protagonistas del 'caso Azud'. Vera, paradójicamente exdirector de prevención de riesgos penales de la empresa pública de la Diputación de Valencia, era una suerte de conseguidor de la trama ante ayuntamientos controlados por los socialistas valencianos, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es. Si José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, ejercía como intermediario para los pelotazos de la trama con el Ayuntamiento de Valencia, gobernado durante 24 años por el PP, José Luis Vera ejercía idéntico papel con los consistorios controlados por el PSPV-PSOE, según la tesis de los investigadores.
Un trabajador del entramado empresarial de Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor del bipartidismo, dio una definición muy precisa del papel de José Luis Vera. “Era el conseguidor y un activo con el PSOE”, declaró ante la jueza instructora, Alberto Sánchez Pérez, también investigado en la causa.
El imputado abundó aún más en el perfil de Vera en su declaración ante la UCO: “Era un abogado del PSOE”, lo que “comúnmente se denomina hombre de partido o fontanero”. “El propio José Luis Vera se vendía como una persona que era capaz de conseguir muchísimas cosas”, remachaba el investigado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, Pepa Tarodo, sostiene que Vera se encargaba de mediar en pelotazos ante las administraciones municipales con cargos del PSPV-PSOE gracias a sus “importantes vínculos e influencias dentro de ese partido”. Así, Vera obtuvo en total, según ha acreditado la investigación, 1,3 millones de euros en presuntas mordidas a través de contratos ficticios con las empresas del promotor Jaime Febrer.
El informe de la UCO detalla los pagos ingresados por José Luis Vera, casado con la exdiputada autonómica María Antonia Armengol. Algunos muy llamativos. Así, según los modelos 190 y 347 de la Agencia Tributaria a nombre de Vera y su mercantil analizados por los investigadores de la Guardia Civil, en 2012 el letrado socialista cobró 120.000 euros de la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, presidida en aquel entonces por el arzobispo Carlos Osoro, actualmente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.
La fundación opaca, tal como informó este diario, se alió con la trama del 'caso Azud' para construir un hospital universitario que, tras el desalojo del PP del Palau de la Generalitat Valenciana con la victoria electoral del Pacte del Botànic, no llegó a materializarse. Sin embargo, las gestiones de la trama, previo pago al cuñado de Rita Barberá, consiguieron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia.
El abultado pago, según han confirmado fuentes oficiales de la Universidad Católica de Valencia (UCV), corresponde a la prestación de servicios jurídicos ajenos al proyecto de hospital universitario. Sin embargo, las mismas fuentes no han querido detallar qué servicios prestó exactamente José Luis Vera a la institución universitaria privada, cuyo gran canciller es el cardenal arzobispo de Valencia. "Fue contratado para un servicio puntual y se pagó a Hacienda", agrega una portavoz de la UCV. La cifra abonada por la UCV a Vera contrasta con el cobro anotado dos años antes proveniente de la Fundació General de la Universitat de València: apenas 800 euros.
De la orden de los Carmelitas Descalzos, el presunto conseguidor de la trama ante los socialistas valencianos ingresó un total de 570.701 euros, justificados como prestación de servicios o entrega de bienes. La trama del 'caso Azud' intentó, sin éxito, llevar a cabo negocios vinculados a los Carmelitas Descalzos en Benicàssim.
“En este negocio era imprescindible la figura de José Luis Vera para que actuara” ante el entonces alcalde del Ayuntamiento de Benicàssim y actual secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, “propiciando todo tipo de reuniones” con el empresario Jaime Febrer, reza un auto de la jueza instructora.
El letrado también fue asesor del Ayuntamiento de Gandia mientras gobernaba José Manuel Orengo, un personaje clave del poder socialista autonómico, muy cercano al presidente Ximo Puig y actualmente en la empresa privada. En el informe de la UCO figuran pagos del consistorio al letrado por valor de 169.790 euros durante el periodo en que Orengo fue alcalde. En la lista de percepciones analizada por la UCO también figura un pago de 22.500 euros del PSOE, partido para el que Vera hizo trabajos como abogado.
