El Gobierno de Pedro Castillo ha puesto sobre la mesa en Perú una polémica propuesta para sancionar a violadores de menores de edad: la castración química. El anuncio lo hizo hace unos días a raíz de la indignación generada en la población por un caso de secuestro y violación de una niña de tres años en la ciudad de Chiclayo, al norte del país.
“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes", dijo el presidente peruano."La castración química es una opción, no podemos esperar más", dijo.
La propuesta se ha materializado a través del Consejo de Ministros en un proyecto de ley remitido al Congreso peruano para su debate y aprobación. En rueda de prensa, Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló que se ha planteado la castración química como una pena accesoria para agresores que no sean sentenciados a cadena perpetua. “La medida se aplicará luego de cumplida la pena. Una vez que la pena privativa de la libertad se cumple, se aplica o ejecuta la pena accesoria”, dijo.
No es la primera vez que se plantea una sanción de este tipo. En el 2018, el Congreso peruano evaluó un proyecto de ley que incluía la castración química como medida complementaria a la pena de cárcel en casos de delitos de violación sexual contra menores. Sin embargo, solo se aprobó la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años, la imprescriptibilidad del delito y la eliminación de beneficios a condenados.
Para la abogada e investigadora en Derechos Humanos y Justicia Penal, Josefina Miró-Quesada, la medida propuesta por Castillo peca de demagoga y populista, ya que "se ha presentado innumerables veces ante el Congreso y no se ha aprobado".
"Quieres erradicar el problema con este tipo de aparentes soluciones que no previenen porque son post delito", explica a elDiario.es. “Este tipo de casos dolorosos suelen instrumentalizarse a efectos de hacer emerger propuestas que buscan palear un sentimiento colectivo de indignación a través de propuestas que son inviables, pero que dan la apariencia de que atacan el problema”.
La castración química es un proceso que consiste en administrar medicamentos que “inhiben la producción de testosterona, que es la hormona masculina responsable de estimular la libido, la sexualidad”, según explica Óscar Ugarte, exministro de Salud de Perú. Ugarte dice a este diario que la propuesta de Castillo es “inútil” porque se debe aplicar "todos los meses de forma continua".
El médico y político peruano cuestiona el sentido de la iniciativa al argumentar que los violadores tienen un “problema grave de conducta”, por lo que “aunque se le inhiba la libido” podrían cometer actos de violencia sexual “con la mano o con objetos”. “No resuelve nada la castración química, lo que hay que hacer es aplicar lo que la ley ya establece que es la cárcel y en los casos extremos, la cadena perpetua”, dice.
En la actualidad, ya hay varios países en el mundo que permiten este procedimiento, entre ellos, Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia, Estonia y media docena de estados en EEUU. “Se ha implementado en otros países, pero no es una referencia para sostener que es una medida idónea, eficaz y menos aún, legítima”, dice Miró-Quesada.
“No es tan sencillo como decir que los violadores están motivados por la libido, eso es falaz", dice Miró Quesada. "Al presentar esta propuesta como aparente solución lo que haces es obviar el universo de actos de violación que no están motivados por el deseo de satisfacción sexual -la mayoría-, y que una violación no solo se comete a través de la penetración".
De enero a febrero de 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han atendido 7.794 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. De este número, el 31,7% equivale a situaciones de violencia sexual, es decir, 2.468 casos en dos meses, lo que hacen 42 cada día.
Liurka Otuska, directora de Políticas para una Vida Libre de Violencia del Ministerio de la Mujer, dice a este diario que el 49,5% de casos de violencia contra menores los comete un miembro de la familia, mientras que en el 47,3% no hay un vínculo del agresor ni con la pareja ni con la familia y en el 3,2% no se tiene vínculo con la pareja.
“Lo que sí se sabe es que la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes se ubica en el ámbito familiar. Si no está dentro del hogar, se ubica en el entorno más cercano”, dice. La especialista explica que la “violencia sexual no ocurre por una cuestión física, sino que es una relación de poder que te coloca, tanto si eres mujer adulta o niña, en una situación de vulnerabilidad”. Otuska destaca la necesidad de atender acciones vinculadas a la prevención y al fortalecimiento de “capacidades o el derrotero de estereotipos de género”.
El caso que ha conmocionado a la sociedad peruana y que ha propiciado el anuncio del presidente Castillo es el del secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo por parte de Juan Antonio Enríquez García, de 48 años.
El hombre reconoció su culpa tras ser capturado por la Policía y cumple nueve meses de prisión preventiva por los delitos de violación y secuestro en agravio de la menor de edad.
Desde marzo, los órganos de justicia han impuesto 20 condenas de cadena perpetua por delitos de violación sexual en agravio de menores en nueve regiones, según detalla un informe preliminar del Poder Judicial de Perú.
“Después del robo agravado, el delito más grave es la violación de menores. Tenemos más de 10.000 presos, pero esto [la castración química] no solamente no es la solución porque es caro, sino que no podemos quedarnos en la coyuntura de la indignación”, dice Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y excongresista, quien asegura que se deben “cumplir las políticas públicas, las leyes dadas y cambiar el chip machista que es la causa de estos problemas”.
Sacar adelante una legislación sobre agresores sexuales, que incluya un registro con los nombres de quienes han cometido este delito, es una alternativa que plantea Montenegro para cuidar “a los menores de este tipo de agresores”. La exministra pide un trabajo conjunto entre los ministerios de la Mujer, Salud, la Policía y los organismos de justicia peruanos.
